Así como han estado las cosas en años recientes, deponer la movilización y abrir espacios de negociación para mejoras concretas es la mejor noticia que podría recibir el sistema de educación pública.

Potenciar la competencia, los mercados, la meritocracia, la eficiencia en el gasto público y la reducción de burocracia innecesaria en el Estado debieran ser prioridades para las decisiones discrecionales que toma el gobierno. No se necesita mayoría en el Congreso para hacer eso.

Corresponde legislar a la brevedad un marco legal que regule la pre-campaña y obligue a la rendición de cuentas de los aspirantes que ya están en terreno.