A menos que la ciudadanía se exprese democráticamente en un plebiscito a favor de iniciar un proceso constituyente, cualquier intento por parte del gobierno o del Congreso para dar partida a un proceso constituyente estará viciado. Porque el poder constituyente reside en el pueblo, el pueblo debe primero dar su autorización antes de que el gobierno inicie esfuerzos para remplazar la constitución de 1980.
En la campaña presidencial de 2013, la Presidenta Bachelet se comprometió a impulsar una nueva constitución. Pero Bachelet nunca aclaró en su campaña cuál sería el mecanismo que utilizaría para alcanzar ese objetivo. Es más, Bachelet fue especialmente ambigua precisamente porque no había consenso en su coalición respecto a cuál debía ser el camino a seguir. Mientras algunos abogaban por una asamblea constituyente, otros preferían modificar la constitución actual. De ahí que no es válido sugerir que, porque Bachelet tuvo una mayoría en segunda vuelta, el proceso de consultas ciudadanas que se ha iniciado haya sido legitimado por el electorado.
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