Los votos y actividades de los gobiernos en foros que velan por la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo—como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU; la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—revelan una fragmentación del sistema interamericano en dos vertientes, a nivel hemisferio y a nivel país.
A nivel hemisferio el principal perpetrador de la fragmentación del sistema es el denominado bloque autocrático de occidente—liderado por Venezuela y sus tradicionales aliados, pero también secundado por las islas caribeñas como se observó en la 47º Asamblea General de la OEA. A nivel país el principal agravante resulta de la asimetría entre la actuación de los países americanos para proteger los derechos humanos al interior, en contraste con su posicionamiento internacional en defensa del orden liberal.
El escenario mas preocupante en el hemisferio es Venezuela, cuya actuación durante la 47º Asamblea General de la OEA—previa advertencia de la Canciller Delcy Rodríguez de abandonar la organización y alineando a otros 13 países que votaron en contra o se abstuvieron de la resolución para solicitar al régimen de Nicolás Maduro abandonar la convocatoria a la Asamblea Constituyente—es muestra clara de la fragilidad que ha permeado en el sistema interamericano gracias al bloque autocrático.
La comunidad internacional ha comenzado a mostrar una mayor preocupación ante la empeorada crisis humanitaria que se vive en el país. El esfuerzo mas importante es sin duda la conformación del Grupo de Lima, que a partir de su primera reunión ha emitido declaraciones conjuntas condenando la ruptura del orden democrático en Venezuela. De igual manera, bajo el liderazgo del Secretario General Luis Almagro, la OEA ha tomado medidas mas audaces, como la creación del panel que evaluará la presentación de un caso contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Sin embargo, la efectividad del sistema—y en concreto de los esfuerzos de la OEA—por establecer mecanismos imparciales que garanticen la protección de los derechos humanos y la voluntad del pueblo, se ha visto mermada en las tres ultimas elecciones venezolanas. Aún cuando la OEA denunció el proceso de elección de gobernadores en octubre pasado, el chavismo encontró en el Consejo de Especialistas Electorales de América Latina (CEELA) la validación internacional que necesitaba para cantar victoria, justificando un actuar democrático fragmentando a la oposición y condicionando a los nuevos gobernadores a la asunción del cargo ante la Asamblea Nacional Constituyente (que de constituyente solo lleva el nombre). Cabe destacar que fue el mismo CEELA quien avaló las elecciones de la Constituyente, así como las mas recientes elecciones municipales, convirtiendo del ejercicio de la observación internacional electoral independiente, en una misión prácticamente imposible en Venezuela.
Es importante notar que aún cuando el CEELA se ha presentado en calidad de acompañante electoral—que de acuerdo a expertos se supedita al Estado que les invita a diferencia de observadores con sus propios planes de verificación—el respaldo categórico a los tres últimos ejercicios electorales en Venezuela pone en tela de juicio su reputación como cuerpo autónomo e imparcial, cuyas consecuencias mas graves las sufre el pueblo venezolano. No hay duda de que observadores y acompañantes electorales tanto de la OEA, como de otros bloques como la Unión Europea y el mismo CEELA merecen ser partícipes de los comicios a los que fueren invitados—recordemos que el CEELA nació como un organismo regional para hacer contrapeso a jugadores tradicionales, firmando un convenio de colaboración con la propia OEA. Sin embargo, cuando se quebrantan los supuestos de imparcialidad y transparencia—cuando se rompen las promesas de libertad y sufragio efectivo—se transgrede el derecho del pueblo a manifestarse libre y democráticamente, un quebranto inadmisible a la democracia y a los principios del sistema interamericano.
Sobre la fractura del orden liberal a nivel país, un ejemplo concreto de la transgresión a los derechos humanos es el alto índice de violencia y discriminación perpetuada hacia las minorías, como es el caso de las mujeres víctimas de femicidio o los crímenes de odio hacia miembros de la comunidad LGBTI. Aún cuando el continente ha avanzado significativamente en el reconocimiento de los derechos LGBTI como un bloque (dentro del propio sistema interamericano se han establecido procesos para defender y vigilar los derechos LGBTI) existe todavía una preocupante brecha—sobre todo en el Caribe—entre la implementacion de un marco legal al interior de cada país que vele por la proteción de los derechos LGBTI. Países como Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago no cuentan siquiera con una ley antidiscriminatoria hacia personas LGBTI. Venezuela, que incluso ha defendido en foros internacionales los beneficios de las políticas socialistas en protección de los derechos humanos, no cuenta con leyes básicas que reconozcan las relaciones o la posibilidad de la adopción por parte de personas del mismo sexo.
Resalta e inquieta la vulnerabilidad de las personas transgénero, en donde el vacío legal se profundiza aún mas por la falta de datos y percepciones sociales negativas que desafortunadamente perpetúan la violencia contra las personas trans, aún en los países mas liberales. Brasil, Mexico y Estados Unidos—quienes han avanzado significativamente en la protección de derechos LGBTI—encabezan la lista de asesinatos de personas trans en el continente.
No todo esta perdido. Es posible reconstruir y fortalecer el consenso interamericano…pero se necesitan dos cosas. De cara al intenso calendario electoral que vivirá el continente de aquí al 2019, será fundamental el rol del sistema interamericano para velar por la manifestación de la voluntad popular como ingrediente básico de la democracia, a través de mecanismos de observación con credenciales auténticamente imparciales. Ante los crecientes abusos contra los derechos humanos, ya sea en Venezuela o hacia las minorías vulnerables de todo el continente, una comunidad internacional mucho mas activa, denunciante y unida es imprescindible. Sin embargo, es también tarea de cada país hacer un ejercicio de introspección para alinear sus obligaciones individuales a los pronunciamientos que defienden en el exterior. Los países podrían empezar a fortalecer el sistema formalizando sus compromisos individuales, haciendo cumplir la ley o promulgándola en caso de no tenerla, para defender los derechos humanos de las minorías.
