Desde hace algunos meses, la crisis económica y el abismo político en el que se encuentran los gobiernos de Brasil y México han ocupado editoriales y portadas de los principales diarios internacionales. Mientras Brasil enfrenta una recesión económica agravada por una débil gobernabilidad, México se hunde en una pocilga moral caracterizada por la corrupción endémica y una crisis de derechos humanos que ha tocado fondo. Si la corrupción a gran escala es el elemento común de la crisis atravesada por los dos gigantes latinoamericanos, la respuesta de las instituciones que administran justicia difiere considerablemente en cada uno de ellos.
En Brasil, el activismo judicial ha ayudado a desmantelar estructuras de corrupción y a romper la inercia de impunidad. En junio de 2015, el presidente de Odebrecht resumió dicha inercia al afirmar que derribaría la república caso fuese detenido en la investigación sobre contratos irregulares de Petrobrás, conocida como operación Lava Jato. Marcelo Odebrecht lleva varios meses detenido, al igual que altos ejecutivos, banqueros y ex ministros. Muy a pesar del presagio del presidente de la constructora más grande de Latinoamérica, la república sigue de pie en Brasil, no tanto por la armonía entre los poderes que la conforman, sino por la reivindicación de que no hay poder político ni económico por encima de la ley.
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