Fuente: Salvador Meléndez/AP.
En toda América Latina, los votantes emiten cada vez más un “voto de castigo” contra sus cargos electos y las élites políticas. Este voto castigo pone de manifiesto la creciente frustración de los ciudadanos con los gobiernos en funciones, que parecen incapaces -o no están dispuestos- a abordar los complejos retos que sigue afrontando la región.
Lo que impulsa esta necesidad de cambio voraz es el deseo de los ciudadanos de ejercer cierto control, y de utilizar su voto para conseguirlo. América Latina se enfrenta a la inestabilidad social, en gran medida producto de la incapacidad de las élites políticas para abordar las desigualdades, los asombrosos niveles de corrupción y el escaso crecimiento económico. Y todo ello se ha visto agravado por la pandemia y sus secuelas.
El crecimiento económico insuficiente, la corrupción y las profundas desigualdades no son nuevos en la región. La polarización se ha convertido en algo habitual yel ascenso de líderes autoritarios es una consecuencia directa. El aumento del discurso político radical y del descontento de los ciudadanos ha dado lugar a niveles históricamente bajos de confianza en los partidos políticos establecidos y en los políticos tradicionales.
Existe el peligro de que esta tendencia provoque un retroceso democrático, ya que es más probable que surjan regímenes opresivos en una región que carece de instituciones democráticas fuertes.
En tres de las cuatro elecciones latinoamericanas de 2023 -parte del superciclo electoral de 2021-24- los votantesvotaron en contra de los gobiernos en funciones. En cambio, el público se decantó por los candidatos antisistema, a menudo a pesar de las afiliaciones políticas inesperadas e incluso extremas de los candidatos. Para muchos votantes, el cambio radical se veía como la mejor opción para resolver la inestabilidad económica y la corrupción generalizadas, al tiempo que se fomentaba el desarrollo.
Pensemos en Chile, con una democracia consolidada y estable y una sólida economía de mercado. Estalló en meses de protestas en 2019, cuando el público exigió un gobierno más justo y protecciones de bienestar más fuertes. Puede que la victoria presidencial de Gabriel Boric no se debiera enteramente a esto, pero el descontento social con los candidatos tradicionales sin duda influyó.
Este fue también el caso de Argentina, un país que sufre años de mala gestión por parte de las élites políticas, escándalos de corrupción y una profunda crisis económica con una inflación de tres dígitos. El nuevo Presidente de Argentina, Javier Milei, se aprovechó de una sociedad polarizada. Durante la primera vuelta de las elecciones, Milei fue considerado demasiado extremista incluso por quienes estaban en total desacuerdo con el candidato apoyado por el gobierno, Sergio Masa. Milei tomó nota de ello y corrigió el rumbo, ganando la presidencia. En un claro voto de castigo, los argentinos optaron contra el kirchnerismo, la fuerza política en el poder desde hace dos décadas.
Guatemala mostró los límites de este enfoque. Antes de las elecciones del año pasado, el gobierno de Giammattei expulsó a la mayoría de los candidatos de la oposición que representaban una amenaza para el gobierno en funciones, en violación de los principios democráticos básicos. Pero en un giro sorprendente, el candidato de centro-izquierda Bernardo Arévalo, una figura desconocida, fue elegido. Su victoria significó el rechazo de los ciudadanos al establishment y la esperanza de los ciudadanos de que un outsider pudiera desafiar al statu quo. La sorprendente victoria de Arévalo conmocionó a la clase dirigente, que intentó por todos los medios -desde descalificar al partido político de Arévalo, Semilla, hasta robar urnas y hacer casi imposible la ceremonia de investidura- anular su victoria e impedir que tomara posesión del cargo.
Los votos de castigo sólo son eficaces si las elecciones funcionan. La región ha luchado contra unas élites políticas que amedrentaban a las instituciones para deshacer unos resultados electorales desfavorables que las desalojarían del poder. Su intromisión compromete la integridad de las elecciones democráticas y merma la confianza en las instituciones democráticas, no sólo en países como Nicaragua, con regímenes dictatoriales, sino también en países democráticos con altos niveles de corrupción.
También hemos visto que los gobiernos nacidos de elecciones democráticas pueden pasar a un autoritarismo que amenaza la estabilidad política y el crecimiento económico a largo plazo. Para evitar una nueva oleada de retrocesos democráticos provocada por el enfado de los ciudadanos con la clase política tradicional, las naciones deben abordar la desigualdad. Actualmente, el 10 por ciento más rico de la población latinoamericana posee el 70 por ciento de la riqueza y el 50 por ciento más pobre sólo el 1 por ciento. Asimismo, el fortalecimiento de las instituciones democráticas que fomentan la participación ciudadana y de las administraciones que trabajan para mejorar la capacidad operativa del Estado para ampliar los derechos políticos, suministrar bienes públicos básicos y promover la creación de empleo, puede aumentar la confianza en los regímenes democráticos.
El apoyo a la democracia en América Latina no ha dejado de disminuir en la última década, pero los votos de castigo pueden ser un arma de doble filo. La avalancha de votos de castigo del año pasado podría ralentizarse en 2024, pero sería un error suponer que desaparece por completo. Este año se celebrarán elecciones en seis países latinoamericanos, y al menos en tres de ellos (Panamá, México y Uruguay) es probable que continúe esta tendencia. El número se elevaría rápidamente a cuatro, si las elecciones de Venezuela se celebran finalmente de forma democrática. En el caso de El Salvador, Nayib Bukele se presenta a la reelección contraviniendo el límite constitucional de mandatos de la nación, lo que indica un cambio continuo de un gobierno elegido democráticamente a un mayor autoritarismo. El Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, es el único en el cargo con altas probabilidades de reelección. Aun así, el voto castigo sirve principalmente para castigar al titular y a la clase política tradicional, más que para señalar un auténtico cambio ideológico entre los ciudadanos.
Es probable que los resultados de las elecciones de este año tengan un profundo efecto en la región: reforzar los valores democráticos o sepultarlos bajo una montaña de extremismo y polarización. Los votantes han visto el impacto que su voto de castigo puede tener en las élites políticas. Para muchos latinoamericanos que votarán en 2024, el voto castigo puede ser su último recurso.
Beatriz García Nice es Asociada del Programa para América Latina del Wilson Center. Antes de trabajar en el Wilson Center, trabajó para la OEA y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Es licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas por la Universidad de las Américas-Puebla (UDLAP) y la Université Jean Moulin Lyon III, y tiene un máster en Seguridad por The George Washington University.
Global Americans se enorgullece de ser una plataforma que ofrece análisis en profundidad sobre diversas cuestiones políticas, económicas, medioambientales y de asuntos exteriores en el hemisferio occidental. Los puntos de vista y opiniones expresados en este artículo son exclusivamente los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Global Americans o de cualquier persona asociada con ella, y la publicación por Global Americans no constituye una aprobación de todas o parte de las opiniones expresadas.
