La informalidad en el Perú representa aproximadamente el 70% de la actividad económica. En términos prácticos, siete de cada diez transacciones ocurren al margen del Estado, generando riesgos significativos tanto para los ciudadanos como para la sociedad. Entre ellos, se encuentran la ausencia de trazabilidad de las transacciones, el acceso limitado a mecanismos de protección social, la poca o nula estabilidad jurídica, la falta de sistemas eficaces de resolución de controversias, entre otros. En definitiva, una parte importante de la vida económica y social transcurre al margen del Estado de Derecho.
Si bien es cierto que la informalidad suele abordarse como un fenómeno económico, esta refleja un problema institucional bastante más profundo: es la manifestación de una relación fracturada y distante entre ciudadanos y Estado. El primer eslabón de esta relación -el vínculo entre representantes y representados- se encuentra debilitado, generando una creciente indiferencia del ciudadano hacia lo público, y una percepción extendida de que el Estado no cumple con sus obligaciones fundamentales.
Bajo este contexto, las elecciones generales adquieren una relevancia particular. En las próximas semanas, el Perú elegirá al presidente de la República y a los miembros del congreso, en un escenario marcado por una alta fragmentación política, la participación de más de 30 candidaturas y el descrédito de partidos políticos como organizaciones de representación ciudadana legítima. Sin embargo, más allá de los resultados específicos, es poco probable que este proceso produzca cambios sustantivos en la relación entre representados y representantes.
Esta desconexión tiene implicancias directas sobre la informalidad. Para amplios sectores de la población, operar al margen del Estado no es únicamente una necesidad derivada de barreras regulatorias o costos de formalización, sino también una decisión racional frente a un sistema que perciben como distante, ineficaz o poco representativo. Ante la ausencia de instituciones que generen confianza y ofrezcan beneficios tangibles, la formalidad pierde atractivo como marco de organización económica y social.
Restablecer la relación entre representados y representantes es, por lo tanto, una condición necesaria para abordar el problema de la informalidad a largo plazo. La gobernabilidad efectiva depende de la existencia de canales establecidos que permitan articular demandas y traducirlas en políticas públicas. Cuando estos canales fallan, las políticas tienden a desconectarse de la realidad social, lo que refuerza la percepción de irrelevancia del Estado y perpetúa el círculo de informalidad.
Si bien se han planteado diversas propuestas para mejorar el vínculo entre representantes y representados, estas aún resultan insuficientes para revertir esta tendencia. Por ejemplo, la congresista Adriana Tudela ha propuesto la implementación de distritos uninominales con el objetivo de fortalecer el vínculo entre electores y representantes. Asimismo, ha planteado mecanismos de evaluación a mitad de periodo que permitirían introducir mayores niveles de rendición de cuentas en el sistema político. Este tipo de iniciativas apunta en la dirección correcta al intentar reducir la distancia entre la ciudadanía y la representación nacional.
Desde una perspectiva más amplia, la informalidad puede entenderse como el principal desafío estructural del Perú. No se trata únicamente de una distorsión económica, sino de la consolidación de un sistema paralelo en el que el Estado de Derecho es inexistente. Bajo estas condiciones, fenómenos como la criminalidad, la extorsión, la evasión tributaria y la corrupción cotidiana encuentran un entorno propicio para operar.
El panorama resulta poco alentador. La persistencia de altos niveles de informalidad no solo limita el crecimiento económico y reduce la capacidad recaudación de impuestos de parte del Estado, sino que también deslegitima las instituciones democráticas reforzando los incentivos para operar fuera del marco formal, generando un círculo vicioso difícil de romper.
Romper este equilibrio requiere ir más allá de intervenciones exclusivamente económicas. Si bien la simplificación regulatoria, la reducción de costos de formalización y la mejora de servicios públicos son componentes necesarios, estos no son suficientes. Es indispensable avanzar en reformas institucionales que fortalezcan la representación política, mejoren la rendición de cuentas y reconstruyan los canales de conexión entre representantes y representados.
En conclusión, el problema de la informalidad en el Perú no puede abordarse de manera aislada del funcionamiento del sistema político. La desconexión entre representados y representantes constituye el núcleo del problema. Mientras ese primer eslabón no sea reparado, la informalidad seguirá siendo no solo una respuesta racional frente a un Estado percibido como distante, sino también un rasgo estructural del país. Las elecciones, en este sentido, representan una oportunidad limitada: sin cambios en las reglas de representación y en los mecanismos de rendición de cuentas, sus efectos serán escasos.
Juan Grau is a fellow at Global Americans.
