Cuando los errores, faltas u omisiones cometidas por empresas causan daños y perjuicios a los ciudadanos, es necesario que exista un castigo ejemplar que ayude a que no se vuelva a producir una situación similar. Pero dado que las fallas anteriores relacionadas con el suministro de agua potable no han recibido una sanción de ese tipo, no debiera sorprendernos que, en el futuro cercano, volvamos a tener un incidente que involucre un nuevo corte de servicios básicos en alguna parte del país.
No tener acceso al agua potable es un grave problema para la salud pública, la productividad y el funcionamiento de la economía en cualquier ciudad. Pero también es considerable el daño que causan este tipo de incidentes a la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la democracia. Las personas deben pagar de forma responsable sus impuestos y las cuentas de los servicios, por lo que es razonable que esperen que el Estado y las empresas encargadas de los servicios públicos cumplan con su parte. Cuando esto no ocurre, se erosiona el contrato social. Después de la crisis que produjo la contaminación del agua potable en Osorno y el corte posterior de agua que duró más de una semana, no podemos pensar que el problema de confianza, credibilidad y legitimidad de la institucionalidad y el contrato social se va a solucionar automáticamente al reponerse el servicio.
Los osorninos —y el resto de los chilenos— tiene buenas razones para sospechar que la empresa responsable del corte de agua va a quedar impune por la inaceptable violación de la fe pública que representó la contaminación del agua potable y el posterior corte de agua. Precisamente porque hay precedente de que este tipo de situaciones no produce castigos conmensurados al daño causado a la población, las personas sospechan que ESSAL (subsidiaria de Aguas Andinas) apenas va a recibir una débil palmada en la mano por el corte de agua potable más prolongado que haya vivido una ciudad chilena en situaciones de normalidad (esto es, exceptuando terremotos o desastres naturales) en años recientes. Las multas y castigos aplicados a Aguas Andinas por los cortes de agua que se produjeron en Santiago en febrero de 2017 todavía están siendo litigados. A la vez que prometió pagar todas las indemnizaciones correspondientes a los afectados en Osorno, Aguas Andinas ha acudido al Tribunal Constitucional para disputar las multas impuestas por los cortes producidos en Santiago en febrero de 2017.
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