Son numerosos los venezolanos que aspiran el restablecimiento de la justicia en el país para sancionar como es debido a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Especialmente a quienes integran el gobierno de Nicolás Maduro, pues adquirieron la condición de realizar violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos.
Desde el activismo de la sociedad civil y la defensa de los derechos humanos, existe la expectativa de que el castigo, a quienes ordenaron y ejecutaron los abusos contra la población, debe ocurrir en simultaneo con la anhelada transición democrática.
Si bien ambas dimensiones son esenciales, en términos prácticos parece inviable que ocurran a la par. Al menos eso es lo que percibí tras revisar una docena de casos de transiciones democráticas exitosas del documentado libro, ya varias comentadas en este espacio, de los expertos Sergio Bitar y Abraham Lowenthal.
No es una discusión retórica. Más bien ha estado en el centro de las decisiones de la dirigencia prodemocracia en países muy disimiles de Asia, África, Europa del Este y América Latina, tras padecer largas noches de vida en dictadura.
En los casos en los cuales las transiciones fueron negociadas, de forma explicita la dirigencia prodemocracia metió en el congelador el tema del restablecimiento de la justicia y el castigo a los responsables de violaciones a derechos humanos y casos de corrupción.
Acá solo resumo de forma llana lo que leí en la experiencia de diversos países. Sin embargo, vale decir que la negociación sólo fue posible cuando a quienes ocupaban el poder se les dio garantías de que no serían objeto de una sanción judicial.
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