No ha habido semana, en los últimos meses, en la cual el presidente venezolano Nicolás Maduro no denuncie públicamente un intento de golpe de Estado en contra de su gobierno. Ninguno ha ocurrido realmente hasta ahora. Sin embargo, lo que sí ha tenido lugar en Venezuela, diríamos que en cámara lenta, es un golpe desde el Estado, que ha tenido como guinda el anuncio presidencial -este 4 de octubre- de que no habrá elecciones en este país ni en 2016 ni en 2017.
La no realización de elecciones, bajo la excusa de que la prioridad es enfrentar la crisis económica, es un asunto que viola a todas luces la letra constitucional. No es la primera vez, en verdad, que se incumple de forma flagrante con la constitución de 1999, tan golpeada por el régimen de Maduro, en especial durante este año 2016, en el cual se ha profundizado el descontento popular contra el “hijo político” de Hugo Chávez, como suele llamarse a sí mismo el presidente venezolano.
En 2016 debían ocurrir dos consultas electorales. La primera, las elecciones regionales para escoger a los gobernadores de los estados (provincias) deberían tener lugar en diciembre de 2016. La constitución es muy clara en señalar que los gobernadores deben ser electos por voto popular cada cuatro años y la última vez que se votó por estos cargos fue justamente en diciembre de 2012.
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