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Los mediocres resultados de la política de Paz Total de Petro se deben a un mal momento y a una deficiente estructura de negociación con los grupos insurgentes y criminales. A medida que aumenta la violencia en las zonas urbanas y rurales, también lo hace el escepticismo sobre la capacidad del gobierno para cumplir su promesa de paz.
La Paz Total es una de las políticas bandera del presidente colombiano Gustavo Petro. Convertida en ley el 4 de noviembre de 2022, busca poner fin al conflicto armado colombiano mediante la realización de negociaciones simultáneas con los grupos armados y organizaciones criminales existentes para su eventual desarme, desmovilización y reintegración. Más de un año después de la firma de la Ley de Paz Total, el balance del gobierno es desigual. Ha habido algunos avances, pero también muchos retos. Un acuerdo de paz en 2024 es muy improbable, incluso con los dos grupos armados más avanzados en las conversaciones.
Aunque los procesos de paz llevan tiempo, como ocurrió en Proceso de paz de Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.Sin embargo, el calendario de las negociaciones y el planteamiento de las conversaciones de paz por parte del gobierno han socavado su posición negociadora y es probable que den lugar a negociaciones prolongadas con pocos resultados tangibles.
El gobierno negocia actualmente con varios grupos armados y organizaciones criminales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central (EMC), la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), los Shottas, los Espartanos y el Clan del Golfo (AGC).
Ha habido algunas victorias para el gobierno, las más publicitadas de las cuales son los altos el fuego bilaterales firmados entre el gobierno y el ELN, así como con el EMC. El alto el fuego bilateral con el ELN comenzó el 3 de julio de 2023 y es probable que hoy se prorrogue seis meses más. Asimismo, el alto el fuego bilateral con el EMC comenzó el 16 de octubre de 2023, y recientemente se prorrogó seis meses, hasta el 15 de julio de 2024. Otros éxitos incluyen el acuerdo del ELN de poner fin a los secuestros como forma de financiación, y un aumento de las incautaciones de cocaína, heroína y marihuana. El número de atentados terroristas también disminuyó en 2023.
Sin embargo, la perspectiva de la Paz Total también se ha visto empañada por la creciente violencia. El número de masacres y asesinatos de líderes y defensores de los derechos humanos ha aumentado significativamente, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Así mismo, en 2023 se presentó un aumento en la extorsión, el secuestro y el desplazamiento forzado, y una disminución en el número de hectáreas de cultivos de coca erradicadas manualmente en comparación con 2022. Los indicadores de hectáreas de coca y minería ilegal muestran un probable incremento durante 2023, aunque aún no hay reportes. Lo que es más preocupante, los grupos armados han ampliado su control territorial, como demuestran varios casos de grupos armados que han construido e inaugurado calles y puentes, además de influir en las elecciones del 29 de octubre. Además, durante un discurso en diciembre de 2023, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, afirmó que el control territorial por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se había deteriorado desde el acuerdo de paz de 2016.
Estos sucesos demuestran las limitaciones de Paz Total a la hora de mejorar la situación de seguridad en Colombia. El enfoque de las negociaciones por parte del Gobierno tiene parte de culpa. Pero el desafortunado calendario también ha afectado a las probabilidades de paz durante la actual administración.
Petro llegó al poder en un momento de creciente violencia, después de que el gobierno anterior no lograra llenar por completo el vacío de poder dejado por el desarme de las FARC. La fácil expansión de los dos grupos armados más importantes de Colombia(ELN y AGC) durante este periodo, así como la aversión de Duque a la paz negociada, hicieron improbable una negociación significativa. Los grupos armados carecían de incentivos para participar plenamente en un proceso de paz, y el gobierno de Duque no veía ninguna ventaja política en otra cosa que no fuera una respuesta militar. Aunque el gobierno de Petro estaba interesado en una paz negociada, debería haber esperado a que el equilibrio de poder entre el gobierno y los grupos armados favoreciera al gobierno antes de iniciar las conversaciones. La clara aversión de Petro al conflicto armado puede hacer fracasar las conversaciones, ya que los grupos no están condicionados por la perspectiva de una derrota militar.
También podemos observar deficiencias en la política de Paz Total de la administración Petro como resultado de la priorización por parte del gobierno de los ceses al fuego bilaterales sobre otros acuerdos. Al cesar las hostilidades contra los grupos armados mientras se desarrollan las negociaciones, el gobierno ha perdido de hecho poder de negociación, ya que ha renunciado a su derecho a utilizar la fuerza legítima contra los grupos armados y, al mismo tiempo, les ha permitido intensificar su control sobre el territorio ocupado.
Esta estrategia de zanahorias sin palos hace aún más improbable el éxito de las negociaciones, ya que los grupos armados no tienen más incentivos para participar en nuevas conversaciones de paz que seguir ampliando su control territorial, lo que se traduce en importantes concesiones a los grupos armados con una tímida respuesta del gobierno.
Esta débil respuesta se puso claramente de manifiesto cuando las fuerzas militares se retiraron unilateralmente de El Plateado Cauca durante las elecciones locales de 2023 el pasado mes de octubre y cuando el asesinato por parte del EMC de cuatro menores en mayo de 2023 en Putumayo sólo dio lugar a una suspensión temporal del alto el fuego. Las negociaciones con el ELN sufrieron su ruptura más grave cuando el grupo asumió la responsabilidad del secuestro de Mane Díaz, padre de la estrella del fútbol colombiano Luis Díaz, el 28 de octubre, lo que llevó al gobierno a plantear mayores exigencias al ELN para que erradicara el secuestro y la extorsión de su modus operandi. Sin embargo, aunque el grupo devolvió a Díaz, aún no ha accedido a poner fin a los secuestros a menos que el gobierno pueda recuperar los beneficios perdidos con esta práctica. El descaro.
El gobierno parece reacio a forzar las negociaciones para salir de un punto muerto mediante el uso legítimo de la fuerza o levantándose de la mesa, a pesar de la escalada violenta que afecta directamente a la población civil a la que prometió proteger.
Por último, está la cuestión de qué hacer con los restos del acuerdo de 2016. Emprender un nuevo proceso de paz sin cumplir los compromisos adquiridos durante los acuerdos de paz de 2016 pone de manifiesto la falta de credibilidad del Gobierno para ofrecer garantías en las negociaciones en curso. Continúa el asesinato de excombatientes de las FARC que firmaron el acuerdo de paz de 2016, con 44 asesinados en 2023. Asimismo, la ejecución presupuestaria en las organizaciones gubernamentales encargadas de implementar los acuerdos de paz de 2016 fue preocupantemente baja durante 2023, a pesar de un aumento presupuestario significativo. Por último, el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) no mostró avances durante 2023, según el Indepaz. Sin garantías, es poco probable que los grupos armados acepten un nuevo proceso de paz, y es probable que la cooperación internacional decaiga si los esfuerzos del último proceso de paz parecen ineficaces.
La falta de incentivos para que los grupos armados avancen en las negociaciones se traducirá en un aumento de los niveles de violencia, a medida que amplíen su control y sus economías ilícitas. Esto pone en peligro la aplicación del acuerdo de 2016 y, en términos más generales, afecta a la legitimidad del Gobierno como defensor de soluciones negociadas a sus violentas circunstancias. No somos optimistas respecto a que la Paz Total se materialice en 2024.
Para subsanar estas deficiencias, el gobierno colombiano debe renunciar al alto el fuego bilateral como primera y única medida para avanzar en las negociaciones. El gobierno debe construir y mantener una amenaza creíble de uso legítimo de la fuerza contra los grupos armados y las estructuras criminales para incentivarlos a participar seriamente en un proceso de paz. También debe fijar plazos estrictos para las negociaciones con objetivos concretos, para evitar que las conversaciones de paz se prolonguen como ha ocurrido con el ELN. No sólo hay un plazo político establecido (con las elecciones de 2026), sino que también debería fijar plazos duros provisionales para las conversaciones.
Asimismo, Estados Unidos y otros partidarios del proceso de paz de Colombia deben mantener la presión sobre el gobierno colombiano para el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el proceso de paz de 2016. También deben contribuir generosamente al bienestar financiero de la estructura de aplicación posterior al acuerdo para garantizar la seguridad y el desarrollo sostenible en el futuro. No deben recompensar al ELN ni a otras organizaciones criminales retirándolas de las listas de organizaciones terroristas internacionales hasta que no se alcance un acuerdo y se aplique. La financiación directa de estos grupos quedará descartada mientras sigan figurando en esas listas. Con los conflictos en curso en Europa y Oriente Medio, Colombia ya no es la prioridad que era en 2016, pero eso no significa que la perspectiva de paz en Colombia deba olvidarse.
Sergio Guzmán es el Director de Colombia Risk Analysis, una consultora de riesgo político con sede en Bogotá. Sígalo en Twitter @SergioGuzmanE y @ColombiaRisk.
Gerardo Caneva es analista de Colombia Risk Analysis. Sígale en Twitter @GCanevaz99.
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