El radical cambio de prioridades que ha tenido el gobierno desde que se produjo el estallido social desnuda un profundo problema en nuestra democracia. El precedente que ha quedado establecido ahora que las protestas —y la violencia de los saqueos y los incendios— ha logrado revertir el rumbo por el que avanzaba el país y la agenda legislativa que impulsaba el gobierno es preocupante. A partir de ahora, el triunfo electoral no será suficiente para darle legitimidad a la agenda de reformas del gobierno.