Este mes se cumplen tres años desde que Cuba dejó de ser el único país de América Latina que expresamente les negaba a sus ciudadanos el ejercicio del derecho a la libre circulación. Derecho consagrado en el artículo 13 inciso 2 de la declaración universal de derechos humanos de 1948: “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país”.
Sin embargo, la reforma migratoria, llevada adelante por Cuba, tiene como gran limitación a la gran cantidad de países, incluidos casi todos los Latinoamericanos, que les solicitan visa de ingreso a los ciudadanos cubanos. De todas maneras, la ventana de oportunidad que ofreció Ecuador, que junto con Haití era uno de los dos países de América Latina que no les solicitaba visa a los cubanos, fue aprovechada como vía de escape de la isla hacia los Estados Unidos, transitando no sin muchos riesgos a través de Centroamérica y México.
Por fín, los cubanos pudieron votar, y lo hicieron con sus pies, saliendo del país para Ecuador. Pero su éxodo terminó desatando las actuales crisis migratorias en la región—principalmente en Costa Rica cuando el gobierno de Nicaragua utilizando su ejército les impidió el paso. Algunos culpan a los Estados Unidos por esta situación, debido a que los cubanos se benefician de una ley que les garantiza la residencia por el solo hecho de tocar suelo norteamericano. ¿Pero acaso el gobierno cubano no tiene la principal responsabilidad en que sus ciudadanos estén dispuestos a cualquier cosa con tal de irse del país?
Al respecto, hay que resaltar que incluso los países de América Latina, al protegerse frente a la posibilidad de que los ciudadanos cubanos ingresen a su territorio sin visa, están realizando una crítica implícita al sistema político, económico y social vigente en Cuba desde hace más de medio siglo. En la mayoría de los casos, las exigencias requeridas, por los países Latinoamericanos a los cubanos para viajar, son de cumplimiento imposible por el temor a su radicación definitiva.
Lo cierto es que si Cuba efectivamente fuera un país en el cual sus habitantes gozaran de libertades, beneficios sociales y buena calidad de vida, como muchos lo afirman, incluyendo su propio gobierno, ¿cuál sería entonces la razón por la cual sus ciudadanos desean emigrar? ¿Y por qué hasta los “hermanos” países latinoamericanos les establecen importantes restricciones para el ingreso?
Por eso resulta paradójico lo afirmado por Juan Carlos Alfonso Fraga, director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, respecto que su país “continúa siendo el que más asciende” en el Índice de Desarrollo Humano. Si en materia de salud y educación, como dice el funcionario citado en el diario oficialista Granma, Cuba “está a la altura de los de mayor desarrollo, reflejando a través de ello el alcance de las políticas públicas aplicadas en el periodo revolucionario”, ¿cómo es posible que sus ciudadanos sean los protagonistas de una crisis migratoria renunciando a seguir gozando de los supuestos logros sociales que los benefician?
La realidad es otra respecto a la situación social en Cuba, y los deseos de emigrar, reflejan el rechazo a su sistema político y económico. Al contrario, si la revolución cubana tuviera logros tan progresistas, en lugar de irse sus ciudadanos, estarían recibiendo una inmigración de distintos lugares del mundo que aspira a vivir en un país con mejor calidad de vida. Si aceptamos los logros que reclaman los funcionarios cubanos, todavía quedan otras necesidades y deseos de la gente: oportunidad económica, espacio politico, la libertad de poder comunicar y participar con el mundo exterior, y los derechos políticos y civiles. En fin, desarrollo social no es todo.
Lo cierto es que Cuba no solo es una dictadura, en la cual se reprimen severamente las libertades civiles y políticas; es también un país en el cual su gobierno ha sido un fracaso absoluto en lo económico, lo cual provoca en su población los deseos de emigrar en búsqueda de mejores oportunidades.
Por tal motivo, hasta los mismos países latinoamericanos que se suman al circo revolucionario – ya sea condenando el embargo que erróneamente llaman “bloqueo”, como brindándoles a los Castro igualdad de trato aunque carezcan de legitimidad democrática, y respaldándolos en todos los ámbitos internacionales—al establecer fuertes restricciones de ingreso a los ciudadanos de Cuba están también rechazando su sistema político, económico y social.
