El principal traspié que sufrió el gobierno al intentar establecer la gratuidad —con letra chica— a través de una glosa presupuestaria que discrecionalmente establecía cuáles alumnos vulnerables tendrían acceso a educación superior gratuita no se produjo en la decisión adversa del Tribunal Constitucional. El gobierno de Bachelet tropezó primero cuando la reforma tributaria que impulsó —y que definió como condición necesaria para establecer los alcances de la gratuidad— falló en su diseño e implementación. Ahora que hay que modificar la ley que entregará el financiamiento para la gratuidad en la educación, mientras no se sepa cuánto dinero se va a recaudar, difícilmente se podrá establecer cuántos y cuáles alumnos podrán tener acceso a educación superior gratuita.
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