[SpanishArticle]El 5 de noviembre de 2015, Brasil protagonizó la peor tragedia ambiental de su historia. Dos embalses de una mina de hierro de la empresa Samarco S.A.—empresa asociada a BHP Billiton y Vale— colapsaron, dejando un rastro de destrucción sin precedentes. La tragedia tuvo lugar en Mariana, en el corazón del estado de Minas Gerais, cuya historia siempre estuvo marcada por la minería. El desecho convirtió a los poblados de Bento Rodrigues y Paracatu, en la zona rural de Mariana, en ciudades fantasmas. Varios manantiales fueron sepultados y el Río Doce—uno de los principales corredores hídricos del sureste brasileño—se convirtió en un mar de lodo de aproximadamente 850 kilómetros atravesando desde el este de Minas Gerais y el estado de Espíritu Santo, alcanzando finalmente a la isla de Abrolhos.
En un contexto de absoluta asimetría económica entre una empresa minera y la región donde opera, es la población más vulnerable quien asume el costo de una tragedia cuya dimensión era desconocida hasta que la avalancha de lodo invadió sus casas, ríos y comunidades. Según los informes hechos por Samarco para la obtención de las licencias de los embalses, los desechos alcanzarían 3.5 kilómetros de distancia en caso de ruptura, pero entre Mariana y Abrolhos, donde terminó sepultado el lodo tóxico, la distancia es de 850 kilómetros.
Samarco sigue siendo omnipresente, política y económicamente, en Mariana y ciudades aledañas. Desde que las operaciones de sus minas fueron suspendidas, en noviembre de 2015, RENOVA—una fundación privada creada por las propias empresas causantes del daño, luego de un acuerdo con los gobiernos federal y estatal (de Minas Gerais y Espírito Santo)—se convirtió en la principal empleadora de la región. Cabe destacar que RENOVA inició operaciones sin ninguna consulta previa con la población afectada.
RENOVA opera a lo largo de la cuenca del Río Doce, para implementar programas de reparación, diseñados en los bastidores por las empresas responsables (Samarco, BHP Billiton y Vale), y las autoridades estatales involucradas. La primacía de los intereses corporativos sobre los de la población afectada se evidencia en la estructura funcional de RENOVA. La fundación no cuenta con un solo representante de los afectados en sus foros deliberativos y la mayoría de su cuadro de personal proviene por orden de las empresas que patrocinaron su constitución.
Para entender la dinámica de la impunidad corporativa en Brasil, antes y después de una tragedia como la de noviembre de 2015, basta con mirar la forma en la que el sector minero financia procesos electorales en los diferentes ámbitos regionales. Samarco es la principal financiadora de las campañas a cargos de elección popular en Mariana y la región aledaña, por lo que hay un fuerte apoyo político local para que vuelva a operar. En el ámbito estatal, la cooptación política ejercida por Samarco, Vale y otras empresas mineras no ha variado desde noviembre de 2015. Semanas después de la tragedia, se propuso crear una Comisión Parlamentaria en la Asamblea Legislativa de Minas Gerais, para investigar lo ocurrido en Mariana y determinar responsabilidades. Luego de un intenso lobby de los gremios mineros, la Comisión Parlamentaria se convirtió en una “Comisión Extraordinaria de Embalses”, dedicada, supuestamente, a discutir un nuevo marco legal para el licenciamiento y fiscalización ambiental en Minas Gerais.
En este contexto, el Ministerio Público estatal elaboró un proyecto de ley, en el marco de una campaña ciudadana conocida como “Mar de Lodo Nunca Más”. Respaldado por más de 56 mil ciudadanos, dicho proyecto (PL 3.695/16) fue presentado a la Asamblea Legislativa de Minas Gerais, con el propósito de que se establecieran parámetros más rigurosos para la concesión de embalses en el estado. Dichos parámetros incluyen la exigencia de consultas amplias con las comunidades potencialmente afectadas; garantías financieras previas, para eventuales indemnizaciones; y el empleo de tecnologías seguras de contención de desechos.
De haber existido este tipo de salvaguardias antes de noviembre de 2015, las autoridades estatales hubieran podido exigir, con más rigor, que Samarco informara a la población sobre cómo proceder en casos de deslave. Los habitantes de Bento Rodrigues y Paracatu nunca habían sido informados del riesgo potencial de perder sus casas derivado de un deslave, pese a que conocían actividades de la empresa desde hace décadas. De hecho, algunas de las personas que perdieron sus casas eran ex-funcionarios de Samarco o de empresas proveedoras, e ignoraban la destrucción que podría provocar la ruptura de los embalses. Cabe destacar que Samarco no contaba con sistemas de alarmas ni planes de evacuación, lo que contribuyó para que 19 personas fallecieran, enterradas bajo el lodo que barrió a Bento Rodrigues del mapa de Minas Gerais y Brasil.
Una de las principales causas de la tragedia de Mariana es la vigencia de un modelo de embalse que justamente esta prohibido en otros países dado a su alto riesgo de operación. Conocido como embalse “montante”, este modelo consiste en la ampliación de la barrera de contención a través de varios peldaños laterales, en los que se utiliza el propio desecho mineral como material de contención. En este caso, desgraciadamente, bastó con elegir un modelo más barato, pero excesivamente más riesgoso, privando al gobierno federal de activar la institucionalidad necesaria para fiscalizar los embalses en operación. En el 2014, el entonces Departamento Nacional de Producción Mineral, reemplazado por la Agencia Nacional de Minería en julio de 2017, había fiscalizado solamente 141 de los 602 embalses mineros del país.
La política de fiscalización tras la peor tragedia ambiental del país parece ser la del olvido. Según un informe publicado recientemente por la Agencia Nacional del Agua, de los 22.920 embalses mineros y de otra naturaleza existentes en el país, solamente 3.174 tienen asignado a responsables técnicos y jurídicos debidamente identificados. Es decir, hay 19.746 embalses—muchos de ellos de porte mediano o incluso grande—que, en caso de ruptura, no se sabe con precisión quienes deberán responder legalmente frente a los afectados. El mencionado informe indica que de las 3.691 instalaciones que cuentan con un análisis reciente de riesgo en el país, 1.091 son clasificadas como de alto riesgo de deslave. Con relación al potencial de daños a la población ubicada en la zona de impacto de los embalses, de los 4.149 diques examinados, 2.053 presentan un alto potencial de daño, debido a la presencia de comunidades o ciudades enteras debajo de las presas o de la naturaleza de los residuos que podrían ser vertidos en zonas habitadas.
Ante un cuadro de omisiones e impericias acumuladas por varios años, la ciudanía ha tratado de influenciar el debate público para que un modelo más responsable de construcción y manejo de embalses sea incorporado en el país. En el estado de Minas Gerais, por ejemplo, 56.000 ciudadanos y ciudadanas demandaron la adopción de un marco normativo que evite nuevas tragedias como la de Mariana, por medio del proyecto de ley de iniciativa popular “Ley del Mar de Lodo Nunca Más”. Pese a ello, se encuentra en discusión otro proyecto de ley en la Asamblea Legislativa del estado (PL 3676/2016) que, si bien posee algunas exigencias adicionales al marco legal vigente en el estado, es bastante más permisivo que el proyecto de iniciativa popular. Cabe aquí recordar que desde 1986, han ocurrido al menos 6 rupturas de embalses mineros en Minas Gerais, con un saldo de 33 víctimas fatales y cientos de miles de afectados.
En el ámbito federal se tramita desde hace algunos años un proyecto de Código Minero, cuyo texto ha sido bastante criticado por la sociedad civil. Ni las críticas de la ciudadanía, ni el trauma de Mariana han sido suficientes como para evitar la relación tóxica entre empresas mineras y el Congreso Nacional. Diecisiete de los 34 diputados federales que conforman la principal comisión de la Cámara de Diputados que delibera el nuevo Código Minero, contaron con el apoyo por parte de grandes empresas del sector minero para financiar sus campañas electorales.
Mientras esta relación tóxica vaticina el futuro de la minería en el país, 300 familias de Bento Rodrigues y Paracatu siguen expuestas a condiciones degradantes de vida. Dicha cifra refleja solamente la situación de los habitantes de los dos poblados aledaños a los embalses de Samarco. Si tomamos todo el rastro de destrucción provocado por la irresponsabilidad de la empresa y de las autoridades estatales, la pregunta que la población de Mariana, Minas Gerais y Brasil debería hacerse es si los riesgos inherentes al modelo de minería actualmente vigente son ética y ambientalmente aceptables. A juzgar por lo que viene sucediendo en la Concejalía de Mariana, en la Asamblea Legislativa de Minas Gerais y en la Cámara de Diputados de Brasil, la respuesta a esta pregunta es muy sencilla: “olvidemos la tragedia del 5 de noviembre de 2015 y celebremos el desarrollo promovido por Samarco, Vale y otras empresas que financian nuestras campañas electorales”.
Daniel Cerqueira es Oficial de Programa Sénior en la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, en sus siglas en inglés). Letícia Aleixo es orientadora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Federal de Minas Gerais y asesora técnica de la Fundación Ford en el Caso Samarco.
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The worst environmental tragedy in Brazil’s history occurred on the 5th of November, 2015. Two dams from an iron mine owned by Samarco S.A.— a BHP Billiton and Vale joint venture—collapsed, leaving an unprecedented path of destruction. The tragedy took place in Mariana, located in the heart of the Minas Gerais state, a region whose history has always been defined by mining activities. The waste transformed the rural villages of Bento Rodrigues and Paracatu into ghost towns. Many springs were buried and the Doce River—one of the main waterways in southeastern Brazil—became a sea of mud approximately 850 kilometers wide, beginning at the eastern side of Minas Gerais and crossing all the way through Espirito Santo state untill the island of Abrolhos.
As result of the complete economic asymmetry between the mining industry and the region in which it operates, the most vulnerable populations are the ones who assume the costs of an environmental tragedy such as the one that took place in Mariana. Its rural communities took on the cost of a tragedy of unknown proportions as an avalanche of mud invaded their homes, rivers, and communities. According to the reports submitted by Samarco for the purpose of obtaining the licenses for the dams, the waste would reach 3.5 kilometers in the event of a break. However, the distance between Mariana and Abrolhos, where the toxic mud was ultimately buried, is 850 kilometers.
Samarco continues to be omnipresent, both politically and economically, in Mariana and its surrounding cities. From the moment their mining operations were suspended in November 2015, RENOVA—a private foundation created by the same companies that originally caused the damage, formed after an agreement with federal and state (Minas Gerais and Espirito Santo) governments—became the main employer in the region. It should be noted that RENOVA began operations without any prior consultation with the affected population.
RENOVA largely operates in the basin of the Doce River in order to implement reparation programs, designed behind the scenes by the companies responsible (Samarco, BHP Billiton, and Vale), as well as the state authorities involved. The primacy of corporate interests over those of the affected population is evident within the functional structure of RENOVA. The foundation doesn’t include a representative from the affected region in its deliberations, and the majority of its staff come by suggestion of the companies that got the region into such a mess to begin with.
In order to understand the dynamic of corporate impunity in Brazil before and after a tragedy like that of November 2015, one should look at the way in which the mining sector finances electoral processes in different regional governments. Samarco is the primary donor to election campaigns in Mariana and the surrounding region. As such, there is a strong political support in the local level for mining operations to be reinstated. At the state level, the corporate capture exercised by Samarco, Vale, and other mining businesses has not changed since the dam collapses. Weeks after the tragedy, the creation of a Parliamentary Commission in the Legislative Assembly of Minas Gerais was proposed in order to investigate and determine responsibility for the Mariana disaster. After intense lobbying by the mining sector, the Parliamentary Commission became a “Special Commission for Dams”, supposedly dedicated to the discussion of a new legal framework for the licensing and environmental audit in Minas Gerais.
In this context, the state Prosecutor’s Office elaborated on a draft law endorsed by the citizen campaign called “Mar de Lama Nunca Mais” (Sea of Mud No More). Supported by more than 56,000 citizens, this draft law (PL 3.695/16) was submitted to the Minas Gerais Assembly with the purpose of establishing more rigorous parameters for the approval of dams within the state. These parameters would require widespread consultation processes with the communities potentially affected, financial guarantees and insurance for compensation, and the use of safe technologies for containing waste.
If these types of safeguards had existed before November 2015, state authorities would have been able to better regulate Samarco, in order to inform the population about how to respond in case of dam collapse, or similar disasters. The residents of Bento Rodrigues and Paracatu were never informed of the potential danger of losing their homes to a dam failure, even though the company had been operating in the region for decades. In fact, some of the people that lost their homes were former employees at Samarco or its contractors, and they also ignored the destruction that could occur after a dam break. It should be noted that Samarco did not have alarm systems nor evacuation plans, a contributing factor in the death of nineteen people who were buried in the mud that wiped the town of Bento Rodrigues off the map.
One of the main causes of the Mariana tragedy was the dam design, which has been prohibited in other countries due to its high risk of failure. Known as the “upright” dam, this model has an extension of the containment barrier through several lateral steps, in which the dam grows with the same mining waste as a containment material. Unfortunately, the preference for a cheaper, excessively dangerous model was aggravated by the lack of appropriate institutions at the federal level to supervise the dams’ operation in the country. In 2014, the then National Department for Mineral Production (replaced by the National Agency for Mining in July 2017) supervised only 141 of the 602 mining dams in the country.
The new policy of supervision after the worst environmental tragedy in Brazil seems to be obliviousness. According to a recently published report by the National Water Agency, of the 22,290 dams (both from mining and other industries) in the country, only 3,174 have their technical and legal representatives properly identified. That is to say, there are 19,746 dams—many of which are large in size—for which no one knows who should be legally accountable to those areas affected in the case of dam failure. The aforementioned report indicates that of the 3,691 installations that have undergone a risk assessment recently, 1,091 are classified as high risk of rupture. With regard to the potential damage to those inhabiting in the zone potentially impacted by the dams, of the 4,149 dykes examined, 2,053 present a high level of danger due to the toxic nature of the waste or the presence of entire communities or cities where waste may be discharged if the dam fails.
Given a pattern of omissions and lack of due diligence over the years, citizens have tried to influence the public debate so that more responsible construction methods and management of the dams are employed. In the state of Minas Gerais, for example, 56,000 citizens demanded the adoption of a normative framework that would prevent future tragedies like Mariana under the draft law submitted through popular motion “Ley do Mar de Lama Nunca Mais” (Law of the Sea of Mud No More). However, a different bill is being discussed in the state’s Legislative Assembly (PL 3676/2016). Although this second bill provides some additional requirements to the current legal framework in force, it is less restrictive than the citizen’s motion under review at the state assembly. It is worth remembering that since 1986, at least six mining dam ruptures have occurred in Minas Gerais, causing 33 deaths and affecting hundreds of thousands of citizens.
At the federal level, a draft of a Mining Code has been discussed for some years, the text of which has been highly criticized by civil society. Not even criticisms from the citizenry, nor the trauma of Mariana, has been sufficient in preventing the toxic relationship between mining companies and the National Congress. Seventeen of the 34 federal representatives that comprise the main committee of the House of Representatives, which deliberates on the new Mining Code, rely on the support of large mining companies to finance their electoral campaigns.
While this toxic relationship forecasts the future of mining in Brazil, 300 families in Bento Rodrigues and Paracatu remain exposed to degrading living conditions. This statistic reflects only the situation of those individuals from the two villages close to the Samarco dams. If we examine the entire path of destruction brought about by the irresponsibility of the mining company and the state authorities, the populations of Mariana, Minas Gerais, and all of Brazil should be asking whether the inherent risks of the current mining model are ethical and environmentally acceptable. Judging by the reactions of the Council of Mariana, the Legislative Assembly of Minas Gerais, and the House of Representatives of Brazil, the answer to this question is very simple: “let’s forget the tragedy of the fifth of November, 2015 and let’s celebrate the development provided by Samarco, Vale, and other companies that finance our electoral campaigns.”
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