El año 2018 está cerrando de mala manera para el gobierno del Presidente Piñera. El conflicto en La Araucanía está monopolizando la agenda. Después de que el gobierno convirtiera la paz en la zona en una de sus prioridades, el asesinato de Camilo Catrillanca ha constituido un doloroso traspié para su esfuerzo por normalizar las relaciones. En junio de 2018 se anunció con bombos y platillos la existencia del Comando Jungla —aunque el gobierno nunca le dio oficialmente ese nombre. Lo que está ahora pasando en La Araucanía indica que el gobierno necesita una Comando Pantano que lo ayude a salir del peligroso terreno en el que ahora está atrapado.
Desde la campaña de 2017, Sebastián Piñera dejó en claro que quería convertir la normalización en La Araucanía en una de sus prioridades de gobierno. Después de su victoria, nombró a Alfredo Moreno al Ministerio de Desarrollo Social con un mandato claro para que liderara los esfuerzos por llevar las riendas del Plan Araucanía. Para Piñera, demostrar que su gobierno podía lograr sentar a todos los sectores a la mesa para encontrar una salida negociada al prolongado conflicto en la región era una prioridad. Si lograba establecer una paz duradera, podría demostrar que su gobierno hacía mejor la tarea de promover el desarrollo sustentable e inclusivo que los gobiernos de izquierda. Precisamente porque el desempeño de los gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría —y en especial el de los dos gobiernos de Bachelet— había sido especialmente deficiente en la forma en que habían respondido a las crecientes tensiones en La Araucanía, Piñera vio en el Plan Araucanía una oportunidad inmejorable para dejar en claro que su gobierno podía ser más exitoso que el de su predecesora.
La necesidad de enviar un mensaje a su sector —especialmente ante la arremetida del discurso más conservador de José Antonio Kast— llevó a Sebastián Piñera a complementar su esfuerzo por establecer una mesa de diálogo en la región con el anuncio de un comando especialmente entrenado en Colombia para controlar hechos de violencia contra la propiedad privada. Porque no puede haber normalización si no es acompañada por el respeto a los derechos individuales y a la propiedad privada, el gobierno de Piñera quiso dejar en claro que no toleraría a grupos organizados que buscan sembrar el terror en la región.
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