La verdadera negociación por la reforma tributaria del gobierno comenzará en marzo. Pero desde ya se sabe que, dada la mayoría que tiene la oposición en el Poder Legislativo, la administración del Presidente Piñera deberá hacer concesiones sustantivas. Mientras más incertidumbre haya sobre la economía mundial y más problemas de aprobación presidencial enfrente, más deberá ceder Hacienda para lograr que la oposición vote a favor de la idea de legislar una reforma tributaria y, luego, la reforma que surja de esa negociación.
En su primer año en el poder, el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera logró anunciar más reformas de las que pudo sacar adelante. Hace cuatro años, cuando terminaba el primer año de su segundo gobierno, Bachelet ya podía contar a su haber una reforma tributaria. Es verdad que esa reforma debió ser modificada después, pero Bachelet supo aprovechar las dos cosas que tuvo a su favor durante el primer año: una clara mayoría en el Congreso y una aprobación presidencial lo suficientemente alta como para inducir a mayor cooperación por parte de los legisladores oficialistas y de oposición. En 2018, el gobierno de Piñera se demoró en anunciar sus reformas estrellas. Con la tributaria lo hizo recién a fines de agosto. Y se ha demorado todavía más en lograr su tramitación. A dos semanas de que el Congreso inicie su receso de verano, todavía no se ha aprobado la idea de legislar la reforma tributaria.
Para mala fortuna del gobierno, el fin de la luna de miel —normalmente asociada con los primeros 12 meses del gobierno— y el hecho que la economía haya crecido menos de lo esperado hacen que las condiciones para negociar una reforma tributaria sean especialmente complejas. Además de no contar con mayoría ni en el Senado ni en la Cámara, el gobierno deberá enfrentar la negociación de la reforma con una aprobación presidencial bajo el 40% y con los ánimos políticos más caldeados. En Chile, las protestas estudiantiles llegan en otoño. En 2019, especialmente si el gobierno insiste en con impulsar su proyecto de ley de “admisión justa”, los movimientos estudiantiles tendrán una excusa inmejorable para aleonar a sus bases. Si las marchas se toman la agenda política en el primer semestre de 2019 —como ha venido ocurriendo ya desde hace varios años—, aumentarán los vientos en contra.
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