Aunque es fácil ser general después de la batalla, la rápida pérdida de capital político que ha tenido el gobierno hacen pensar que, de haber jugado mejor sus cartas cuando asumió el poder, podría tener a estas alturas promulgada una reforma tributaria y una de pensiones mucho más cercanas a su agenda que las que saldrán ahora. Porque Piñera nunca quiso entender que, si bien él obtuvo mayoría en segunda vuelta, la izquierda es mayoría en el Congreso, la incapacidad de su equipo de negociar con legisladores moderados de oposición terminó representando un altísimo costo de oportunidad para su segundo gobierno.
Mirado a partir de lo que ha pasado estas últimas tres semanas, la capacidad de negociación del gobierno ha empeorado notablemente. En los dos años de gestión que le quedan —asumiendo que el irresponsable intento por destituirlo no prosperará—, el gobierno deberá impulsar una agenda legislativa muy distinta a la que tenía cuando llegó al poder y que, además, parece contrapuesta con los principios y valores que abraza la derecha chilena. Para calmar el descontento social que, al menos hasta ahora, recibe apoyo mayoritario en las encuestas, el gobierno ha renunciado a varias de sus prioridades y ha declarado estar dispuesto a negociar cuestiones que siempre fueron anatema para su sector.
Lamentablemente para el gobierno, el estallido social se dio antes de que sus principales iniciativas legislativas pudieran convertirse en ley. Después de una excesivamente lenta tramitación en el Congreso, la reforma tributaria recién había pasado al Senado y la reforma de pensiones recién entraba en tierra derecha en su primer trámite en la Cámara de Diputados. Esa lentitud se debió, en parte, a los esfuerzos obstruccionistas de una parte de la oposición. Pero la principal razón fue porque el gobierno se empecinó en imponer su voluntad y desconoció que los chilenos habían votado mayoritariamente por un gobierno de derecha y un parlamento de izquierda.
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