Es razonable, e incluso necesario, que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera quiera demostrar que el combate a la delincuencia es una de sus prioridades. Precisamente porque la gente percibe que muchos delincuentes no son debidamente castigados por sus delitos, parece comprensible que La Moneda aspire a que los jueces apliquen sanciones más duras. Pero pelearse con los jueces es una mala forma de lograr castigos más severos y ejemplificadores. El gobierno debiera aumentar la transparencia en las decisiones del poder, involucrar a los jueces en el combate a la delincuencia y no culparlos porque hay delincuentes que no reciben las sanciones que se merecen.
Durante la campaña presidencial de 2017, Piñera convirtió el combate a la delincuencia en una de sus promesas más repetidas. Como el gobierno de la Nueva Mayoría nunca pudo articular una política efectiva al respecto, se sabía que este era un tema ganador para la derecha. En el resto del mundo, la izquierda tampoco ha logrado presentar propuestas simples y claras que convenzan al electorado que sabe cómo combatir la delincuencia. Al focalizarse en las causas que llevan a la gente a delinquir en vez de centrarse en proteger a las víctimas, la izquierda tiende a decepcionar al electorado. Por eso tiene sentido que un gobierno de derecha que pasa por un bajón en su aprobación opte por buscar generar más apoyo reposicionando el combate a la delincuencia como una de sus prioridades. Hay mucho que ganar si se logra demostrar alguna mejora.
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