El controvertido fallo del Tribunal Constitucional que permite a empresas educacionales con fines de lucro tener propiedad de instituciones de educación superior sin fines de lucro constituye un problema potencialmente explosivo para el gobierno del Presidente Piñera. Si bien los fallos del TC se deben acatar, el gobierno debe evitar ser percibido como condonando el lucro en la educación superior. Si Piñera no separa aguas con la decisión del TC y su gobierno no fija una postura firme contra el lucro en la educación superior, los movimientos estudiantiles tendrán la mejor excusa para poner un temprano fin a la luna de miel del gobierno y la izquierda tendrá un caballo de batalla para articular una oposición militante y vociferante contra lo que probablemente denominarán el gobierno del lucro.
Es verdad que la decisión del TC en rigor no permite el lucro en las universidades. La reacción inicial del gobierno es técnicamente correcta al indicar que esta sentencia no cambia en nada la prohibición al lucro en la educación superior. También es cierto que el hecho que esta sentencia fue gatillada por una iniciativa presentada por Pilar Armanet, la rectora de la Universidad de las Américas, subraya una tremenda contradicción en la izquierda. Armanet es militante del PPD y fue embajadora en Francia y ministra vocera en el primer gobierno de Bachelet. Si la izquierda se opone a la gratuidad, resulta inexplicable que una de sus líderes sea rectora de una de las universidades chilenas de propiedad de la empresa educacional con fines de lucro más importante de Estados Unidos.
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