Igual que su antecesora, el Presidente Sebastián Piñera se está dejando seducir por los cantos de sirena de reformas refundacionales. Al aprovechar su cuenta pública del 1 de junio para proponer una disminución en el número de parlamentarios y la adopción de límites a la reelección de legisladores, el actual Mandatario siguió el camino de Michelle Bachelet (2014-2018) de las propuestas voluntaristas, imposibles de materializar y que, además, basado en la evidencia comparada, tendrían un impacto negativo en caso de ser implementadas.
Aparentemente interesado en poner sobre la mesa una propuesta que compitiera con la popular iniciativa de algunos legisladores de izquierda de reducir el sueldo de los parlamentarios, el gobierno de Piñera cayó en la tentación populista de prometer algo que la gente quiere, pero que difícilmente tendrá un impacto positivo en la calidad de la democracia, en la gobernabilidad o en la promesa del gobierno de retomar el sendero del crecimiento y del desarrollo sustentable.
En 2014, la Presidenta Bachelet anunció que su gobierno iniciaría un proceso constituyente para remplazar la constitución de 1980 —que ha sido reformada más de 50 veces desde el retorno de la democracia. El anuncio fue especialmente polémico porque la Presidenta, a la vez que impulsaba este singular proceso, empujaba reformas constitucionales importantes. Como no tiene sentido remodelar una casa que pronto va a ser derribada para construir una casa nueva, su decisión de Bachelet de impulsar, a la vez, reformas a la constitución y una nueva constitución fue, cuando menos, curiosa.
Para leer mas, visite El Líbero.
