Esta semana comenzará en Buenos Aires el juicio por el encubrimiento del caso AMIA. El 18 de julio de 1994, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) sufrió un atentado terrorista que dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos. El ataque se perpetró mediante el uso de un artefacto explosivo y tuvo un efecto tan devastador que lo convirtió en el mayor ataque terrorista en suelo argentino.
En 2004, el tribunal a cargo de juzgar a los responsables del atentado anuló el caso por considerar que había habido un plan para desviar la investigación. Dicho plan habría sido concebido y perpetrado por una red de funcionarios públicos y autoridades judiciales, que incluía, entre otros, al ex Presidente de la Nación Carlos Menem. Hasta ahora ninguno de ellos ha sido enjuiciado.
Así fue que comenzó una nueva investigación, ya no por el atentado sino por el encubrimiento al ataque a la AMIA. A cargo del juez federal Ariel Lijo, la etapa de investigación culminó en 2012. Sin embargo, el Poder Judicial se tres años en fijar una fecha para la realización del juicio oral, que estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, donde finalmente se examinará la prueba y se recibirá declaración a 140 testigos.
El caso tiene una relevancia especial no solo por las naturaleza de los 13 acusados sino por la gravedad de los hechos que se les atribuye. Por un lado, al ex Presidente Carlos Menem se le acusa de haber ordenado frenar la investigación de la pista siria para así favorecer a Alberto Kanoore Edul, un ciudadano argentino de origen sirio con quien la familia Menem tenía vínculos. Al ex juez federal Juan José Galeano, a cargo de la investigación que luego fue anulada, se le endilga haber frenado el seguimiento de aquella pista y de luego sobornar con 400 mil dólares a Carlos Telleldín, un reducidor de autos robados, para que incriminara falsamente a un grupo de policías de la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, al entonces jefe de inteligencia Hugo Anzorreguy y a un grupo de funcionarios de su entorno y comisarios de la Policía Federal se los acusa de ocultar información sobre el citado Alberto Kanoore Edul. También están acusados los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia ya que participaron de la investigación pese a presuntamente saber de la existencia del soborno. Para la justicia, el ex titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Rubén Beraja también sabía del soborno a Carlos Telleldin y por ende estará en el banquillo de los acusados. Por su parte, Telleldín junto a su mujer y su abogado serán acusados en el juicio por haber aceptado el dinero para desviar la investigación.
Cada cierto período de tiempo pareciera que en Argentina el Estado pierde la cordura y se desvía de los fines para los que fue creado. De manera similar a lo que ocurrió durante la última dictadura militar con las violaciones masivas a los derechos humanos, el encubrimiento del caso AMIA revela la pérdida de rumbo del poder.
Esta semana comenzará un juicio donde el poder judicial juzgará al poder mismo. En el banquillo de los acusados estarán un ex presidente acusado de pactar para evitar que se descubra la verdad, un juez federal que—con la complicidad de los servicios de inteligencia—le habría pagado a un testigo para que mienta e incrimine a inocentes, y fiscales que habrían consentido ser parte de una investigación que en realidad era una farsa.
Esto, además, ocurrirá en un contexto muy particular ya que en los últimos años el poder judicial ha estado en el centro de la escena política. Recientemente, el escándalo de la aún irresuelta muerte del fiscal Alberto Nisman—pasaron ya más de seis meses de su deceso y todavía no se pudo determinar siquiera si se trató de un suicidio o un homicidio—puso en jaque la relación entre el gobierno y la justicia.
Al mismo tiempo, en los últimos meses una facción de la justicia se ha enfrentado duramente con el gobierno, tanto por el caso Nisman como por la reforma procesal penal y por los procederes irregulares en la designación y remoción de jueces suplentes. Asimismo, vale recordar que durante la apertura de las sesiones legislativas en marzo de este año, la propia Presidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó fuertemente a la Corte Suprema por las demoras en la realización del juicio AMIA. Con celeridad, la Corte realizó las gestiones necesarias para que la Cámara de Casación Penal fijara fecha para el juicio, ante la incredulidad de las organizaciones de familiares de sobrevivientes y víctimas quienes pese a su incansable trabajo dudaban de que alguna vez se llevara a cabo.
Dice el dicho popular que justicia lenta no es justicia y por cierto 21 años es un plazo exorbitante. Sin embargo, esperemos que esta semana cuando comiencen las audiencias la sociedad argentina sienta que al fin se va a empezar a esclarecer la verdad. No es posible pronosticar si habrá justicia pero al menos se comenzará a correr el velo de impunidad y oscuridad generado hace dos décadas cuando el poder, una vez más, perdió por completo el juicio.
