Al anunciar que enviará un proyecto de ley para iniciar un proceso constituyente, la Presidenta Michelle Bachelet busca cumplir una de sus promesas de campaña más importantes. Pero igual que una madre que prometió llevar a sus hijos a Disney World y cumple su promesa sólo cinco minutos antes de que cierre el parque, el gesto de Bachelet no es sólo inútil, sino que además refleja irresponsabilidad tanto respecto de la forma en que los Presidentes deben cumplir sus promesas de campaña como de la importancia de la Constitución.
En la campaña presidencial de 2013, Bachelet se comprometió a iniciar un proceso constituyente en su gobierno. Aun sabiendo que la Constitución en vigencia en el país permite reforma —pero no borrones y cuentas nuevas—, ella jugó a la ambigüedad al sugerir que el proceso constituyente sería democrático, institucional y participativo. En los primeros dos años de gobierno la Mandataria optó por privilegiar otras prioridades, dejando la promesa del proceso constituyente para la segunda mitad del cuatrienio. Por cierto, los Presidentes son más exitosos en impulsar reformas en su luna de miel, por eso los gobernantes de otros países de la región que han impulsado exitosamente procesos constituyentes lo han hecho al comenzar sus períodos. Es verdad que Bachelet impulsó exitosamente otras reformas, algunas de las cuales requirieron cambios a la Constitución. Pero si la Presidenta realmente pensaba que en su gobierno lograría promulgar una nueva carta fundamental, no hubiera tenido mucho sentido cambiar la que pronto sería dada de baja. Nadie que esté planificando construir una casa nueva se molesta en remodelar la casa antigua que pronto será remplazada.
Eventualmente, Bachelet impulsó un mal llamado proceso constituyente. Los diálogos ciudadanos no vinculantes —en los que por cierto participó muy poca gente— difícilmente pueden ser asociados con el ejercicio del poder constituyente por parte de la ciudadanía. De hecho, el resultado de ese proceso fue un extenso documento repleto de lugares comunes y declaraciones de buenas intenciones con las que difícilmente alguien podría estar en desacuerdo. Pero la consulta ciudadana no dijo nada sobre los temas espinudos del debate constitucional, como la formación y poderes del Tribunal Constitucional, el balance de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, o el rol que tendrá el Estado en la economía.
Además de impulsar un proceso de participación ciudadana loable, pero inútil —en tanto no era vinculante—, La Moneda ni siquiera intentó buscar un entendimiento con el Congreso para encontrar una forma de impulsar su proyecto de nueva Constitución. Porque sabía que no tenía la mayoría de dos tercios en ambas cámaras necesaria para modificar la Constitución, el gobierno siguió hablando del proceso constituyente, pero ni siquiera intentó allanar el camino para impulsar la reforma que abriera esa puerta.
Ahora que faltan pocos días para que termine su gobierno, Bachelet ha anunciado que enviará un proyecto de nueva Constitución antes de dejar el poder el 11 de marzo. Ese saludo a la bandera parece un acto desesperado de su parte para decir que cumplió su promesa de campaña. Pero de poco sirve enviar un proyecto que quedará inmediatamente archivado el día que asuma el gobierno de Sebastián Piñera.
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