En la última cumbre del Mercosur, del pasado 21 de julio en Argentina, el presidente Tabaré Vázquez fue uno de los principales defensores de que la postura del Mercosur hacia el régimen de Nicolás Maduro no sea “confrontativa”. Concretamente dijo que “Uruguay tiende su mano para tratar de encontrar un camino que, a través del diálogo respetuoso, pueda traer mejores tiempos para la República y para el tan querido pueblo venezolano”. Esta postura fue justificada por nuestro presidente diciendo que Uruguay tiene una “posición muy clara” de respeto a la no intervención en asuntos internos de otros países.
Desde hace años Uruguay es complaciente con el régimen de Maduro. Pero este último hecho en Argentina, por la forma y la coyuntura en que se dio, hizo que la complacencia se transforme en complicidad. Por eso, la actitud que tomó el gobierno uruguayo en la pasada cumbre del Mercosur abre una herida importante en la tradición democrática del país.
En primer lugar, la noción de “no intervención” que resalta el presidente es un principio que Uruguay siempre defendió pero el cual tiene una frontera bien definida. El pragmatismo de la no intervención en asuntos internos termina cuando pasa a jugar el concepto de la “responsabilidad de proteger”. La piedra angular de este concepto, asumido en 2005 como compromiso de los países de Naciones Unidas, se basa en entender que la soberanía no solo le da a un Estado el derecho de controlar sus asuntos, sino que le confiere la responsabilidad de proteger a la población dentro de sus fronteras. Esto hace que cuando un Estado persistentemente da señales de no proteger a su población, ya sea por falta de voluntad o capacidad, la comunidad internacional debe asumir esa responsabilidad al menos a través de la denuncia y condena. Busca dar respuesta a una pregunta central que el gobierno uruguayo parece estar dejando de lado: ¿quién es responsable de proteger a una población de los atropellos de un gobierno que usa el poder militar para limitar las libertades de los ciudadanos?
Hay un segundo aspecto llamativo de la postura que ha tomado el gobierno uruguayo. Prácticamente ya van casi dos años desde que el gobierno de Vázquez comenzó a respaldar declaraciones en las que se pide al gobierno de Maduro el “restablecimiento del orden institucional” y “liberación de los presos políticos”. Pero por otra parte, no ha estado dispuesto a expulsar a Venezuela del Mercosur por no respetar la cláusula democrática del bloque. Es decir, sigue considerando a Venezuela como una democracia activa. La incoherencia se justifica en realizarnos una pregunta básica: ¿cómo es posible considerar como democracia a un país al que hace dos años se le pide que restablezca el orden institucional y libere a presos políticos?
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