El gobierno de Raúl Castro quedó nuevamente expuesto ante la comunidad internacional y su dogmatismo político puede llevar a que varios países democráticos revisen su relación con Cuba.
Es que desde la perspectiva democrática resultó grotesca la reacción del régimen de partido único cubano ante la iniciativa de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia de entregarle, en La Habana, un premio al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y un reconocimiento póstumo a Patricio Aylwin, ex presidente de Chile.
La actividad estaba prevista para el 22 de febrero a las 11 horas en la casa de Rosa María Payá, presidente de la Red e hija del destacado opositor demócrata cristiano Oswaldo Payá Sardiñas, quien falleció a mediados de 2012 en un sospechoso accidente de tránsito. Precisamente, con el nombre del padre de Rosa María se instituyó un premio que reconoce a figuras que se destacan en la defensa de la democracia y los derechos humanos, el cual fue otorgado a Luis Almagro, Secretario General de la OEA. Asimismo, durante la actividad estaba previsto entregarle a Mariana Aylwin un reconocimiento póstumo a su padre, Patricio Aylwin, el presidente de la transición democrática en Chile y en cuyo gobierno se restablecieron las relaciones diplomáticas con Cuba luego de la dictadura militar de Augusto Pinochet.
El gobierno cubano denegó la entrada a Almagro, Aylwin y a otros asistentes que fueron invitados, entre ellos el ex presidente de México, Felipe Calderón. Al respecto, el Secretario General de la OEA difundió una carta en la que señaló: “mi presencia y la ceremonia del día 22 de febrero no se diferencia de otros eventos similares que tienen lugar en otros países de la región y en los que he participado y que se realizan sin que el gobierno los apoye necesariamente, pero sin censurarlos, porque son parte de la tolerancia de los sistemas y valores democráticos”.
A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile difundió un “comunicado sobre prohibición de Cuba a viaje de Mariana Aylwin”, destacando que “El objetivo de su viaje era recibir de parte de una organización cívica el testimonio de reconocimiento a su padre, el ex Presidente de la República, don Patricio Aylwin. El ejercicio de este derecho no debe ser impedido, más aún cuando en Chile se han realizado diversos reconocimientos a figuras históricas y políticas cubanas”.
Más allá del debate idealista sobre cómo se deben relacionar las democracias con las dictaduras, en el caso de Cuba lo que hay que considerar es la cuestión realista de la reciprocidad política. Como es sabido, el gobierno de Cuba a través de sus embajadas promueve actividades en defensa y promoción de la revolución, que incluyen visitas de sus funcionarios y dirigentes partidarios a otros países de la región. En muchos casos, las actividades y las expresiones de los participantes son opositoras al gobierno del país donde se realizan, pero la crítica y la libertad de reunión y opinión son características esenciales de las sociedades democráticas. De esta manera, el gobierno cubano practica en el exterior lo que prohíbe en su territorio, violando así el principio de reciprocidad en las relaciones bilaterales.
Pero ello sucede porque los gobiernos democráticos lo vienen aceptando dócilmente. Ahora, acontecimientos como el que involucró a Luis Almagro, Felipe Calderón y Mariana Aylwin deben generar un cambio en la política de los países democráticos hacia Cuba, en especial en la labor de sus embajadas.
Es preciso que los países democráticos incluyan condicionamientos al apoyo gratuito que durante años le vienen brindando a la dictadura cubana, como con las declaraciones y resoluciones en favor del levantamiento del embargo norteamericano. Dicho apoyo, que el gobierno cubano utiliza para legitimarse internamente, debe ir acompañado de un comentario reclamando apertura política, como por ejemplo permitir la libertad de asociación, reunión y expresión de quienes no comparten la visión dogmática de la revolución cubana.
En definitiva, las democracias en lugar de preocuparse por “no molestar” al gobierno cubano, aceptando sus reglas antidemocráticas, tendrían que establecer intercambios y actividades regulares con el tipo de actores cívicos y políticos con los cuales sus mismas embajadas se relacionan en otros países. El gobierno de Castro II podrá argumentar que Cuba Decide, la iniciativa de Rosa María Payá en favor de un plebiscito, es ilegal; pero los países democráticos no pueden ser cómplices de esa ilegalidad que el régimen de partido único impone.
