El ataque contra el ex candidato presidencial José Antonio Kast cuando intentaba dar una charla en la Universidad Arturo Prat en Iquique constituye un crimen de odio, un atentado contra la libertad de expresión y una lamentable demostración de intolerancia política. Porque en una democracia todos tienen derecho a expresarse —independientemente de qué tan impopulares o minoritarios sean sus mensajes—, resulta incomprensible que haya personas que relativicen la gravedad del ataque o que tácitamente lo justifiquen porque creen que las voces como Kast no deben ser escuchadas o porque alegan que, de llegar al poder, él promovería la misma intolerancia que motivó a sus agresores.
Resulta paradójico que el ataque haya sido perpetrado presumiblemente por personas de izquierda contra un líder de derecha que a menudo ha tomado posiciones en defensa de la dictadura militar. Precisamente porque la dictadura se dedicó durante 17 años a restringir la libertad de expresión y entró a la historia nacional por sus brutales violaciones a los derechos humanos, parece incomprensible que aquellos que hoy se identifican con las víctimas de la represión en dictadura se conviertan en represores.
Censurar al que piensa distinto, atacarlo, negarle su derecho a expresar su posición es propio de los dictadores, no de los demócratas. La democracia consiste en tolerar incluso a aquellos que se declaran intolerantes. Así como las democracias garantizan derechos humanos incluso a los violadores de derechos humanos, la democracia debe garantizar el derecho a expresarse incluso a aquellos que no creen que todos tengamos los mismos derechos.
Esto, por cierto, no quiere decir que tengan razón aquellos que dicen que silenciar a Kast se justifica porque, en caso de llegar al poder, Kast procederá a silenciar a los que piensan distintos que él. Primero, a nadie se le puede juzgar por lo que creemos que vaya a hacer en caso de llegar al poder. Las condenas preventivas —algo así como una detención policial por sospecha— no corresponden en democracia. Kast ciertamente es responsable por las cosas que ha hecho y por las que ha dicho. Pero eso no le quita sus derechos ciudadanos ni les da a otros la autoridad para restringir su libertad de expresión.
Por eso que cuesta entender a aquellos que relativizan la gravedad de lo ocurrido en Iquique. No importa si Kast andaba provocando. De hecho, es perfectamente legítimo que eso haya querido. Otros provocan con sus vestimentas en el Congreso, con su arte o con la forma en que protestan, se movilizan o expresan políticamente. Incluso si hubiera querido provocar, Kast no interrumpió el tráfico, no destruyó propiedad pública, no violentó a los que querían transitar libremente por las calles. Kast iba a una universidad a dar una charla y a conversar con los estudiantes. En un país donde las elites a menudo se alejan de la ciudadanía, Kast fue a dar la cara y un grupo de exaltados lo atacó, con la complicidad de muchos otros que han justificado o relativizado el ataque posteriormente.
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