Hace algunos meses, en este mismo espacio, comentábamos que la estrategia del chavismo para demoler a los actores políticos democráticos, que tuvo su momento clímax con la toma de la Asamblea Nacional en enero de este año, dejaba el espacio vacío para la construcción de nuevos adversarios en la lógica de la confrontación permanente, con la que se ejerce el poder en Venezuela.
Derrotado Juan Guaidó y sus referentes, tanto por la estrategia del chavismo como por sus propios errores, vaciadas de presupuesto y de movilización democrática las universidades, van quedando pocos referentes a los cuales dirigir la artillería propagandística y la trama seudolegal. Por un lado se descalifica, se señala, y por el otro se muestran dictámenes con los cuales se quiere revestir de legalidad al atropello.
Así vamos. A inicios de este 2021 era evidente que los medios de comunicación, ahora digitales y con independencia editorial, iban a estar en mirilla, así como las organizaciones de la sociedad civil. Éstas por dos razones, unas vienen documentando las violaciones masivas de derechos humanos y sus informes son soporte de organismos internacionales; otras se han abocado a la ayuda humanitaria, y allí le hacen perder al chavismo su mecanismo más preciado de control social, las bolsas de comida para maniatar y chantajear a los pobres.
La semana pasada fue uno de esos períodos en los cuales el poder dio señales de que ha llegado la hora de las ONG. Con pocos días de diferencia se dieron a conocer dos decisiones, en teoría no conectadas, pero cuyo objetivo forma parte de lo que e su momento el alto comisionado de derechos humanos de la ONU denunció como achicamiento del espacio cívico en Venezuela.
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