“En Brasil, los conflictos por la tierra con indígenas tienen lugar porque ellos salieron de la jungla y bajaron a las áreas de producción”. Con esta frase, de enero de 2015, la senadora y entonces ministra de Agricultura, Kátia Abreu, reivindicó la vieja consigna anti-indígena, que es repetida constantemente en los bastidores del poder en Brasilia. Abreu es una de las pocas senadoras del PMDB, partido de Michel Temer, que se opuso a la destitución de Rousseff. Cuando la ex presidenta se encontraba a punto de ser defenestrada por la mayoría del Senado, Abreu la defendió bajo el argumento de que ningún otro presidente había apoyado tanto la agroindustria. No se imaginaba que la bancada ruralista, poderoso frente parlamentario conformado por latifundistas y empresarios del sector agrícola, contaría con una presencia aún más pronunciada en el gabinete de Temer.
Congresistas vinculados a sectores ultra-religiosos han engrosado el coro anti-indígena, al defender la evangelización como alternativa de integración de tales pueblos a la sociedad. De esta manera, el asimilacionismo religioso y la captura del Estado por parte de intereses corporativos han reservado un buen lugar para los pueblos indígenas y afrodescendientes (quilombolas) en la repisa de malezas que obstaculizan el desarrollo de la nación. Dicha tendencia se hizo evidente con la Resolución 68/17, de enero del presente año, emitida por el Ministerio de Justicia. Elogiada por Temer, la resolución fue criticada por organizaciones de la sociedad civil e indígenas, quienes sostienen que su intención es revalidar el despojo de sus territorios. Tras un pronunciamiento del Ministerio Público cuestionando su legalidad, la resolución fue reemplazada por la número 80/17, manteniendo, sin embargo, las principales disposiciones criticadas. Entre otras medidas, la nueva resolución crea una instancia política con la potestad de detener y hasta revertir los procesos de demarcación de tierras ya realizados por la Fundación Nacional del Indio.
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