Desde hace años, reuniones tras reuniones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se insistía en integrar a Cuba hasta que finalmente se levantó en 2009 su suspensión del organismo, producido en 1962.
Es cierto que desde 1962, además de Cuba, varias dictaduras militares se establecieron en distintos países de la región y ninguna de ellas fue suspendida de la OEA. Sin embargo, y particularmente con el retorno a la democracia en Chile en 1990, América Latina pasó a tener autoridades de gobierno surgidas del voto popular, con excepción de Cuba.
Luego de levantarse su suspensión en 2009, el gobierno de Cuba manifestó su negativa a reintegrarse a la OEA. El motivo principal es su rechazo a someterse a la instancia del Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), más que lo establecido en la Carta Democrática Interamericana. Cabe resaltar que aun cuando Cuba firmó cláusulas democráticas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que viola claramente, los organismos no han hecho un planteamiento para que las cumpla o sugerido su suspensión en los mismos..
Pero si bien Cuba no retornó a la OEA, la CIDH publica un informe anual que incluye a la mayor de las Antillas. Por ejemplo, en su informe 2017 sobre Cuba, la Comisión Interamericana de Derechos de Derechos Humanos se refiere a “las persistentes restricciones a los derechos políticos, de reunión y asociación, y a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, además de las vulneraciones masivas a los derechos a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, a la protección contra la detención arbitraria, a la inviolabilidad del domicilio, a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia, a la residencia y tránsito, a las garantías judiciales mínimas y a la protección judicial, continúan limitando de manera sistemática los derechos humanos de los habitantes en Cuba, en particular, en perjuicio de personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y políticos, y periodistas independientes, así como afrodescendientes, mujeres, personas LGTBI, entre otros grupos históricamente vulnerables”.
El extenso y categórico informe concluye con las siguientes recomendaciones:
-“Adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar un sistema electoral que sea inclusivo y garantice la libre circulación de las ideas y pensamiento, posibilitando la libre participación política de todos los ciudadanos y ciudadanas cubanas en condiciones de igualdad”.
-“Adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar actos de hostigamiento, amenazas, agresiones, estigmatización, persecución y criminalización cometidas por las autoridades Estatales, o con su aquiescencia, en perjuicio de las personas disidentes, activistas, defensoras de derechos humanos, periodistas y trabajadores de medios de comunicación social. Como medidas necesarias, se recomienda incluir la condena pública a todo acto de agresión, el entrenamiento y capacitación a los funcionarios públicos y en especial de las fuerzas policíacas o de seguridad; a tomar las medidas necesarias para prevenir la violencia en el marco de manifestaciones públicas; establecer límites razonables, regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, para asegurar el desarrollo pacífico de éstas, así como realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas sobre las agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos en perjuicio de los ya referidos”.
-“Asegurar que, en el ejercicio del derecho al tránsito, las personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas independientes, líderes sociales y políticos no sean sometidos a obstáculos injustificados, absteniéndose de confiscar o destruir sus materiales y herramientas de trabajo”.
A todo esto, el país anfitrión de la Cumbre de las Americas, Perú, se pone ejemplarmente firme frente a las violaciones a los derechos humanos y la crisis humanitaria en Venezuela, y decide retirar la invitación al dictador Nicolás Maduro conforme a lo establecido en la Declaración de Quebec adoptada en la III Cumbre de las Américas en 2001, donde se señala que “cualquier alteración o ruptura inconstitucional de orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”.
Lo contradictorio es que al mismo tiempo el gobierno de Perú invita al longevo dictador cubano Raúl Castro, que como puede apreciarse en el último informe de la CIDH, la situación de este país se encuadra y perdura en lo establecido en la mencionada declaración de Quebec.
El gobierno de Perú, al no invitar a Maduro a la Cumbre de las Americas por considerar con razón que las elecciones anticipadas del 22 de abril en Venezuela “no permitirían realizar un proceso justo, libre, transparente y democrático” y, al mismo tiempo—manteniendo una invitación incluso bajo el mandato del recien nombrado Presidente Martín Vizcarra—al dictador Raúl Castro, termina entonces avalando el reciente proceso electoral antidemocrático en Cuba.
Y si ningún mandatario se refiere al tema, entonces será la Cumbre de las Americas la que terminará avalando un gobierno como el de Cuba, que carece de legitimidad democrática y registra un triste récord de violaciones a los derechos humanos como política de Estado.
Queda por ver si algún Jefe de Estado, en la oportunidad que tendrá en Lima para pronunciar su discurso, se atreverá a mencionar que “así como en cada Cumbre de las Americas los distintos países están representados por autoridades que cambian, entonces sería deseable para la consolidación democrática en el hemisferio que en la próxima Cuba esté representada por un mandatario surgido de elecciones libres, transparentes y competitivas”.
La oportunidad la tendrán y sólo queda ver si—al menos uno—tendrá el coraje y la convicción democrática para hacerlo.
Gabriel C. Salvia es Director General del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).
