Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia en la Argentina mucho se ha discutido sobre la comunicación oficial respecto a la herencia recibida del kirchnerismo. Es que el nuevo gobierno argentino no tiene que limitarse a gestionar la administración pública como en un país normal, sino que en primer lugar debe desactivar una serie de “bombas de tiempo” que le dejó la irresponsable y populista gestión de Cristina Kirchner, como por ejemplo los subsidios a las tarifas del gas y la electricidad y un incremento inusitado del empleo público.
Una ocasión relevante para el debate público en la Argentina lo ofrece la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional, que—a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros—se ha enviado a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre pasado, siendo ésta la fecha límite para su presentación de acuerdo a la Ley de Administración Financiera del Estado.
En primer lugar, sería deseable que “la ley de leyes” vuelva a tener un tratamiento que respete el principio de publicidad en el proceso legislativo, a diferencia de la aprobación exprés que tuvo durante el kirchnerismo. Esto implica un tratamiento legislativo que puede llevar dos o tres meses e incluir modificaciones al texto original. Si el actual oficialismo pretende imponer rápidamente la aprobación del presupuesto, sin incluir modificaciones y cooptando el voto de senadores a cambio de aportes a sus provincias, terminaría actuando del mismo modo que el kirchnerismo.
En segundo lugar, junto al proyecto de ley de presupuesto para el 2017, el gobierno de Macri debe presentar la reforma de la ley de superpoderes, que permite la delegación legislativa que faculta al Jefe de Gabinete de Ministros reasignar partidas. De lo contrario la discusión parlamentaria del presupuesto pierde todo sentido, ya que en el futuro podrían realizarse cambios a gusto del Ejecutivo, y el Congreso Nacional simplemente se limitaría a aprobar un monto total anual.
Sobre la publicidad del debate presupuestario, Dino Jarach, un abogado y juez especialista en derecho tributario, señalaba que “el conocimiento general y particularizado del plan presupuestario es condición fundamental para el control de la acción del estado por la opinión pública y para que el sector privado ajuste sus propias actividades en función de la economía del sector público.”
Al respecto, los medios públicos de comunicación tienen un rol central en brindar una destacada publicidad al debate presupuestario, lo cual permitirá no solo conocer mejor a los legisladores nacionales y sus posturas respecto del presupuesto, sino también generar conciencia cívica sobre cómo se asignan los recursos para sostener la administración nacional. La TV pública, por ejemplo, puede transmitir en vivo todas las sesiones e invitar a expertos de distintas opiniones para analizar tanto el proyecto de ley de presupuesto como los discursos de los legisladores. Si hay algo que le da sentido a la existencia de los medios públicos es precisamente priorizar en su programación un tema tan relevante para la ciudadanía y que la TV privada sólo puede incluir en un breve espacio de noticieros o programas dedicados a política y economía.
El debate presupuestario es más importante que las promesas y propuestas que se realizan durante las campañas electorales. Al tratar esta ley se considera el tamaño del gobierno nacional, los recursos con los que contarán sus distintos programas y el costo que representará para los contribuyentes.
Una seria consideración del proyecto de ley de presupuesto debe incluir un mayor protagonismo de los legisladores, quienes deben proponer recortar o reasignar muchos pequeños gastos que—en su conjunto—generan un gran gasto. Quizás más importante, se deben realizar debates de fondo sobre cuáles son las prioridades sociales en la asignación de recursos.
Como lo expresó en 1854 Juan Bautista Alberdi en Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según la Constitución de 1853—quien además escribió las bases para la Constitución Nacional Argentina—“El poder de crear, de manejar y de invertir el Tesoro público, es el resumen de todos los poderes, la función más ardua de la soberanía nacional. En la formación del Tesoro puede ser saqueado el país, desconocida la propiedad privada y hollada la seguridad personal; en la elección y cantidad de los gastos puede ser dilapidada la riqueza pública, embrutecido, oprimido, degradado el país.”
El gobierno de Macri se encuentra ante la oportunidad única de ayudar a recuperar la centralidad del debate presupuestario en el Congreso. ¿Logrará avanzar por la senda de mayor institucionalidad o preferirá evitar ácidos debates que podrían debilitarlo políticamente?
