Foto: Karen Sánchez / VOA
Esta columna se basa las publicadas por el periódico El Tiempo.
La crisis generada por la protesta social en Colombia que ha tenido lugar desde fines de abril (el “paro nacional”, como se ha denominado en los debates del país), y que no ha terminado del todo, no tiene precedentes. Es esencial encontrar soluciones para los problemas sociales que ha planteado y aprender cómo evitar crisis similares hacia el futuro.
La situación se hizo más compleja por el atraso del Gobierno en entender la dimensión y profundidad de la protesta y sentarse a negociar, así como por su falta de percepción de que no había cumplido con compromisos que adquirió frente a las movilizaciones sociales de 2019 y 2020. A ellos se agrega la ausencia de una agenda clara de los promotores del paro al inicio de las protestas, más allá de su oposición a la reforma tributaria que había sido presentada entonces por el Gobierno.
Además, es claro que muchos de los sectores que participaron en el paro, y sobre todo los que bloquearon vías, no estaban coordinados por el Comité Nacional. A esta fragmentación de los participantes en las protestas se unió su falta de articulación con los movimientos políticos.
El vandalismo desde los primeros días fue aterrador, pero la inteligencia militar no fue capaz de identificar claramente a sus organizadores y de frenarlo. El enfrentamiento entre civiles con armas en Cali, pero también muchos hechos vandálicos en otras ciudades, fueron graves. Y hubo, obviamente, violencia contra los manifestantes por parte de algunos agentes de la Policía y de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), así como violencia contra la Policía, que ha dejado muertos, la mayoría civiles, y muchos heridos en ambos bandos.
Ambos problemas, pero especialmente los primeros, fueron resaltados por la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó al país. Confío que la Comisión se vaya ido con claridad sobre el compromiso que tenemos la abrumadora mayoría de los colombianos con el pleno respeto a los derechos humanos y las garantías para las protestas pacíficas.
Los principales costos del paro fueron generados por los bloqueos de vías, tal como se refleja en las encuestas de opinión empresariales de mayo y junio que están disponibles. Pueden tener, además, efectos de largo plazo: en el suroccidente del país, donde los bloqueos fueron más acentuados, el 16 por ciento de las empresas manifestaron a sus cámaras de Comercio que están pensando en cerrar sus actividades. El efecto social también fue muy elevado, como lo mostró el aumento de los precios de los alimentos en mayo, con efectos distributivos adversos.
La lección principal de las movilizaciones es que hay un amplio grupo de la población que rechaza los enormes niveles de desigualdad y pobreza que caracterizan a Colombia, y que se agudizaron con la pandemia. La amplia participación juvenil nos indica, además, la percepción de muchos jóvenes de que son una generación sin futuro.
Varios de los objetivos de las protestas fueron exitosos: el retiro de las reformas tributaria y de la salud y la eliminación de la matrícula universitaria para los sectores de bajos ingresos. También hay acuerdo en los debates públicos y en el Congreso sobre la propuesta de renta básica que hizo el Comité del Paro, aunque inferior al salario mínimo que propusieron, porque su costo sería muy elevado. Además, si se van a destinar recursos públicos sustanciales, sería preferible combinarlo con un ambicioso programa de emergencia de empleo, sobre todo para mujeres y jóvenes, que sorprendentemente no hizo parte de la agenda del Comité.
El tema del financiamiento también es crítico. Por este motivo, y porque la demanda de recursos para el gasto social se ha elevado permanentemente, hay que acordar reformas tributarias, tanto la que presentará el gobierno en las próximas semanas como la que tendrá que hacer el gobierno que gane las elecciones de 2022.
Estas reformas deben concentrarse en eliminar beneficios tributarios en el impuesto de renta de empresas y personas naturales de altos ingresos, incluyendo los que se introdujeron en la reforma aprobada hace dos años. Debe incluir también mayores impuestos a los dividendos y un impuesto progresivo al patrimonio para personas naturales. El error garrafal del Gobierno fue haber introducido en el proyecto de reforma que presentó en abril elementos que afectaban a la clase media.
Las reformas tributarias también son importantes para generar confianza en los inversionistas privados internacionales, que juegan un papel crítico en el financiamiento del gobierno, tanto por su alta participación en el mercado interno de títulos del Tesoro, como por su demanda de bonos colombianos emitidos en el mercado internacional. Por eso, aunque no comparto los criterios que utilizan las calificadoras de riesgo, haber perdido el “grado de inversión” que tenía el país puede tener costos de largo plazo. Después de que lo perdimos en 1999, tardamos doce años en recuperarlo.
El país debe iniciar, además, el debate sobre las reformas sociales profundas que debe adoptar. En esta materia, las más importantes son aquellas que permitan reducir la enorme desigualdad social que caracteriza a Colombia y que nos coloca entre los peores países del mundo. Esto exige tanto una política social más activa como un sistema tributario más redistributivo, dos temas que estarán en el centro del debate político con vista a las elecciones de 2022.
Los otros temas críticos son el empleo y la educación y capacitación de los jóvenes. Deben desarrollarse tanto mecanismos de formalización laboral, un tema en el cual el país también está en pésimas condiciones, como de capacitación persistente, para que nuestros trabajadores se ajusten positivamente al cambio tecnológico. Y deben complementarse con buenos instrumentos de apoyo a la micro y pequeña empresa.
Como miembro de la generación del 68 (el año en el cual entré a la universidad), celebro que la juventud esté comprometida con ambiciosas políticas para el país. Las movilizaciones estudiantiles han dejado buenos legados. Participé y celebré el éxito de las de los estudiantes de Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. Y celebré el triunfo de la movilización estudiantil que llevó a convocar la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en Colombia. Una juventud sin grandes objetivos no está a la altura de la historia.
José Antonio Ocampo es Profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos (SIPA) de la Universidad de Columbia y ex-Ministro de Hacienda y de Agricultura de Colombia. Es miembro del Comité Asesor Internacional de Global Americans.
