La semana pasada el Secretario General de la OEA, Luis Almagro publicó un nuevo informe en el que detalla la aguda crisis económica, social, política y humanitaria que hoy vive Venezuela. En ese documento, Almagro expresa con claridad las razones por las cuales hoy el gobierno de Nicolás Maduro “ha convertido la Constitución en papel mojado; la voz del pueblo venezolano ha sido silenciada y encarcelada, y se han propagado por todo el país la corrupción y el narcotráfico”.
Hoy Maduro ya no solo tiene encarcelado a políticos y estudiantes que se han manifestado en contra de su régimen. Tiene acorralado a un país entero en una crisis económica y humanitaria al haber cerrado los principales canales de ayuda que el sistema internacional ha ofrecido. Es normal ver hoy en las calles de Caracas a familias enteras revisando basurales para poder alimentarse. En medio de este contexto, aún no se ha definido un calendario electoral para que los venezolanos puedan elegir otro rumbo libremente. Mientras tanto, Maduro menosprecia y agrede a todo aquel que critique su régimen. Llamó de “cobarde” y “ladrón” a su par argentino, Mauricio Macri y de “basura de ser humano” a Luis Almagro. Ningún presidente latinoamericano ha dicho una sola palabra de repudio ante estos agravios.
Una de las preguntas que esta situación plantea es hasta dónde dejará llegar la comunidad internacional a Nicolás Maduro. Más profundo aún, lo que hoy viven los venezolanos, pone en debate una tema fundamental del derecho internacional: ¿Quién es responsable de proteger a una población sometida por un gobierno que viola persistentemente sus derechos fundamentales? En la década del 1990 esta pregunta marcó el inicio de una nueva concepción de intervención que concluyó en la doctrina de la ‘responsabilidad de proteger’ que promovió Naciones Unidas a raíz de las tragedias que por esos años se suscitaban en diversos países donde sus gobernantes violaban los derechos humanos de sus ciudadanos.
La responsabilidad de proteger no se opone sino que interpela a uno de los principios más mencionados e incomprendidos de la política exterior: la no intervención de los asuntos internos. Este último habla de la obligación de los Estados de abstenerse de intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de otro Estado con la intención de afectar su voluntad y obtener su subordinación. La pregunta es hasta cuándo los Estados deben abstenerse sin que ello implique ser testigos cómplices de violaciones a los derechos humanos.
Fue justamente ésta la disyuntiva que puso sobre la mesa en el año 2000 el entonces Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, frente a los Estados Miembros de esa institución: “Si la intervención humanitaria es, en realidad, un ataque inaceptable a la soberanía, ¿cómo deberíamos responder a situaciones como las de Ruanda o Srebrenica ya las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos que transgreden todos los principios de nuestra humanidad común?”
Muchos dirán que hoy Venezuela no es la Ruanda de los años 90, pero justamente si algo debe hacer el sistema internacional es buscar evitar que Venezuela llegue a esos niveles de crisis humanitaria. Y el silencio regional va a contracorriente de la prevención del caos. Muchos parecen esperar las catástrofes para luego expresarse. En este contexto, el papel que está tomando la OEA, liderada por Luis Almagro, se vuelve fundamental, ya que es el único organismo regional dispuesto a levantar la voz y explorar otras vías para prevenir consecuencias aún peores de lo que ya se está viviendo en Venezuela a diario.
Utilizar la noción de la responsabilidad de proteger ante la crisis de Venezuela es clave porque diversos gobiernos de países defensores e históricamente respetuosos del derecho internacional (como Uruguay por ejemplo) aluden justamente a que los venezolanos deben solucionar sus propios problemas. Lo que se olvidan estos gobiernos ‘pragmáticos’ es que el actual mandatario venezolano no está dando señales claras para que en el corto plazo los venezolanos tengan la libertad de cambiar, a través del voto, el rumbo del país. De aquí la importancia de la carta de Luis Almagro, que vuelve a poner en el centro del debate la libertad de elegir de los venezolanos.
La piedra angular de la responsabilidad de proteger, que oficialmente se define a partir del informe que en 2001 realizara la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (ICISS), pasa por entender que la soberanía no solo da al Estado el derecho de controlar sus asuntos, sino que le confiere la responsabilidad primordial de proteger a la población dentro de sus fronteras. Esto hace que cuando un Estado persistentemente da señales de no proteger a su población, ya sea por falta de voluntad o capacidad, la comunidad internacional debe asumir esa responsabilidad.
El gobierno de Nicolás Maduro ha traspasado límites que la comunidad internacional, y la interamericana en particular, no pueden permitir que sigan sucediendo ante sus narices. Debido a la crisis humanitaria que el gobierno de Maduro impuso a sus ciudadanos, ya no se puede considerar al gobierno como acreedor de una soberanía incondicional sobre sus asuntos. Los países que son testigos de estos hechos tienen no solo el derecho sino la obligación de actuar. De no hacerlo, serían cómplices. Y eso no prescribe. Los gobiernos y las instituciones no solo quedan en la historia por lo que hicieron y dijeron, sino también por lo que omitieron denunciar.
