Ley y orden son banderas ganadoras

La reforma a favor de ampliar el control preventivo de identidad muestra que el gobierno quiere focalizarse nuevamente en los temas que más importan a la ciudadanía. Además, como la izquierda no tiene una alternativa razonable para combatir la alta percepción de inseguridad en la población, la bandera de ley y orden resulta una estrategia segura y ganadora para la administración del Presidente Piñera.

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Ante la caída en aprobación presidencial que experimentó el gobierno y dado lo cuesta arriba que se ven las reformas clave de pensiones, impuestos y laboral que el gobierno todavía aspira a implementar, La Moneda necesita encontrar un nuevo tema ganador. La decisión de focalizarse en el combate a la delincuencia resulta una jugada política inteligente.

Los chilenos tienen una alta percepción de inseguridad. Ser víctimas de la delincuencia es una cuestión que preocupa. Es verdad que Chile es un país mucho más seguro que la mayoría de los países de América Latina. Pero la gente no se compara con la realidad de otros países. Las personas quieren estar seguras y sienten que no lo están. Además, creen que los delincuentes tienen carta blanca y que la justicia se preocupa más de los derechos de ellos que de la protección de los ciudadanos que respetan la ley.

Los gobiernos de izquierda a menudo caen en el juego de buscar las causas sistémicas de la delincuencia, enfocándose en la falta de oportunidades que lleva a muchos jóvenes a iniciar carreras criminales. Pero para alguien que fue víctima de un asalto o que teme serlo, eso no ayuda a solucionar su problema inmediato de victimización e inseguridad. Por eso, ante la ausencia de propuestas de ese sector que aborden las consecuencias de corto plazo de la delincuencia y de la percepción de inseguridad, el gobierno de Piñera toma una bandera ganadora al intentar hacerse cargo del problema.

En teoría, como bien dijeron algunos en el gobierno, el que nada hace, nada teme. En teoría, ampliar el control preventivo de identidad a menores desde los 14 años no debiera generar demasiada controversia. Es verdad que cualquier política que afecte la privacidad de los individuos —especialmente de los menores de edad— debiera ser una solución de última instancia. Pero ante la innegable realidad de que en muchos delitos contra las personas y la propiedad participan menores, tampoco ayuda rasgar vestiduras y comportarse como si todos los menores de edad fueran blancas palomas —frase desafortunada, por cierto, cuando se usa desde el oficialismo.

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