La constituyente, en estos tres meses de funcionamiento, destituyó a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en un proceso express que dejó pocas dudas sobre uno de los objetivos centrales de esta instancia: silenciar al Ministerio Público. También sin tener atribuciones para ello designó a un nuevo fiscal general, que por la vía de los hechos asumió el cargo sin el aval parlamentario.
La ANC ha tenido algunos debates sobre la materia económica, pero a pesar de las promesas previas (cuando se estaba en campaña), no se ha generado ni una ley ni una recomendación de ese cuerpo para hacer frente a la debacle económica nacional. Al contrario, el suprapoder está enfocado en concentrar mayor poder para el régimen de Nicolás Maduro.
La constituyente “debate” pero de espaldas al país. Tras las primeras transmisiones en cadena nacional de radio y televisión de las sesiones constituyentes, el aparato oficial de propaganda nos muestra ahora (al país) decisiones tomadas y una vocería que empodera sólo a los directivos de la ANC e invisibiliza a los constituyentes.
La constituyente promete leyes, decretos y normas en diferentes ámbitos de la vida nacional. Todo se inscribe en la lógica del autoritarismo y control. Leyes para controlar precios, leyes para controlar las redes sociales, etc. El poder no sabe hacer otra cosa que controlar. No se asume “la promoción” como parte del deber ser de una política pública.
La constituyente suplanta a un Consejo Nacional Electoral ya maniatado por el régimen. Es ahora la ANC la que convoca elecciones, juramenta gobernadores o alcaldes y les destituye, si fuese el caso, violentado no sólo lo que dice la constitución vigente, sino esencialmente burlándose de la voluntad popular.
La constituyente es fundamentalmente un aparato del que emanan amenazas. Pareciera que ya nadie cree las amenazas que vocifera Maduro y que éste necesita otra voz, más autorizada, para decirle a la sociedad: presten atención que esto si va en serio.
La ANC simboliza como ninguna otra iniciativa de Maduro su propio fracaso político. La constituyente se instaló por la vía de los hechos, pero no goza de legitimidad internacional ni de credibilidad entre los venezolanos.
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