Cuando el gobierno cree que un proyecto de ley que ha sido aprobado por el Congreso es inconstitucional, corresponde ir al Tribunal Constitucional para evitar que se convierta en ley. Por más popular que sea el proyecto en cuestión, el Presidente Sebastián Piñera debe recordar que juró defender la Constitución y las leyes. El precedente que quedará sentado si el gobierno no hace todo lo posible por evitar que se promulgue una propuesta que considera inconstitucional será mucho más grave para la estabilidad futura del país. Si el Congreso ha optado por irrespetar la Constitución y el Ejecutivo decide no hacer nada para evitarlo, nos tendremos que ir acostumbrando a que el Congreso legisle sobre temas respecto a los que no tiene atribuciones. En la práctica, estaremos entrando a un nuevo sistema político, establecido por la fuerza de los hechos, que modifica los poderes y atribuciones del Ejecutivo y del Legislativo sin que haya sido debidamente modificada la Carta Magna.
Mientras el Congreso Nacional debatía un proyecto de ley que busca suspender el cobro de suministros básicos durante la pandemia, el gobierno advirtió sobre su inconstitucionalidad. Pero, ignorando la advertencia de La Moneda, ambas cámaras, con el apoyo de legisladores del oficialismo, siguieron adelante con la tramitación. De hecho, el proyecto ya está en el despacho del Presidente para su promulgación. Aunque había declarado que el proyecto es inconstitucional —y varios ministros de estado públicamente denunciaron lo mismo— el gobierno optó por no recurrir al Tribunal Constitucional para zanjar el debate. Para decirlo en simple, La Moneda capituló antes de siquiera intentar dar la pelea. Si el Presidente de la República y su gabinete efectivamente creen que el proyecto es inconstitucional, no tienen discrecionalidad para decidir si van o no al Tribunal Constitucional. Su obligación es hacerlo.
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