Como si las soluciones a los problemas del país fueran nuevos ministerios, nuevos museos o nuevos días festivos, muchos políticos en campaña se apresuran en hacer promesas que tienen impacto fiscal negativo y que atentan contra la competitividad del país. Como si todavía no hubiésemos aprendido que las promesas electorales equivalen a cheques a fecha que eventualmente serán cobrados, muchos candidatos usan la temporada de campaña para empeorar la situación fiscal futura.
Aunque la acusación de populista ha sido usada por casi todos los candidatos contra todos los demás, una buena forma de identificar la condición de populista es asociándola a una promesa de mayor gasto público innecesario o imposible de financiar. Como la definición de lo que es necesario depende de las preferencias políticas —la gratuidad puede ser prioridad para los líderes estudiantiles y los padres con hijos en edad de estudiar, así como un mayor gasto en salud puede ser prioridad para los enfermos en lista de espera—, los procesos electorales permiten dirimir cuáles serán las prioridades del próximo Gobierno. Pero si bien al respecto hay legítimas diferencias, resulta difícil justificar alguna de las promesas electorales que se han hecho.
Tal vez una de las propuestas más injustificadas sea la que hizo el ex Presidente Sebastián Piñera de crear un Museo de la Democracia. Sería incomprensible dedicar cuantiosos recursos a construir un museo que honre la transición a la democracia, en vez de invertir esos recursos limitados en salud, pensiones o educación. Es más, en un país donde los derechos humanos de los niños más vulnerables son constantemente violados, parece un sinsentido prometer que se destinarán varios millones de dólares a un museo que honre la democracia, con el compromiso fiscal permanente de mayor gasto público que eso implica en sueldos de funcionarios, gastos de operación y oportunidades para el cuoteo político de militantes en cargos bien remunerados y perfectamente innecesarios.
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