La próxima promulgación de la ley que crea la Región de Ñuble confirma la desordenada hoja de ruta que rige la descentralización en Chile. Se hace urgente que la clase política asuma su responsabilidad y legisle finalmente la elección directa de los gobernadores regionales, para así dotar a las regiones de la autonomía y mecanismos de rendición de cuentas que ayuden a terminar con la incuestionable afirmación de que Santiago es Chile.
Como una de las 25 provincias que existían en el período pre-dictadura, la Provincia de Ñuble se sentía desplazada por Concepción, la capital regional y también cabeza de la que otrora era otra de las 25 provincias. Lamentablemente, la misma lógica que justifica la demanda de Ñuble aplica a cualquiera de las otras provincias que fueron fusionadas en regiones durante el régimen militar en 1976. Es más, el logro de Ñuble en convertirse en región probablemente alentará a provincias como Aconcagua, Linares, Colchagua o Chiloé a seguir el mismo camino. Después de todo, si convertirse en región implica un aumento en el número de parlamentarios para la zona, sería un sinsentido no querer el cambio. De ahí que la decisión de crear una nueva región amenace con desatar un efecto inflacionario en el número de regiones que existen en el país.
Pero ser región no significa adquirir autonomía o minimizar la excesiva dependencia de Santiago. Después de todo, las autoridades locales seguirán siendo nombradas por La Moneda y rendirán cuentas ante el ministro del Interior, no ante los residentes de la región. El Ministerio de Hacienda seguirá controlando la billetera y los intendentes tendrán que sufrir las frustraciones de una población que espera su liderazgo activo y de una estructura institucional que los convierte en débiles representantes del Gobierno nacional en las capitales regionales.
Parte de la solución sería la elección directa de los Intendentes. Desde la campaña de Ricardo Lagos en 1999 que la promesa de elegir a las autoridades regionales ha sido repetida por casi todos los candidatos presidenciales, exitosos y perdedores. Si bien es evidente que ha habido avances —desde 2013 que los consejeros regionales se eligen democráticamente—, la promesa de que la máxima autoridad regional también será decidida por cada región y no por el Presidente de la República sigue incumplida. Aunque el Congreso ha avanzado en el proyecto de ley que permitirá la elección directa de intendentes —gobernadores regionales—, parece altamente improbable que los chilenos puedan escoger a sus autoridades regionales este noviembre. En el mejor de los casos, los nuevos gobernadores podrían ser electos de forma extraordinaria en 2018, aunque parece más probable que en el futuro las elecciones de las autoridades regionales coincidan con las elecciones municipales que se realizan cada año y que deben realizarse nuevamente en 2020.
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