Con escasas horas de diferencia hemos presenciado lo que podría decirse son las dos caras de la moneda, en relación con la crisis migratoria que vive Venezuela. El país que tiene el mayor número de migrantes decide acogerlos en firme y le crea un estatuto especial para su protección; el tercer país con el mayor número de venezolanos implanta un programa de deportaciones.
Aunque diametralmente opuestas, las decisiones tomadas por los gobiernos de Colombia (al acoger) y Chile (al expulsar) en realidad reflejan un problema de fondo. No habrá un retorno de la normalidad (política y económica) a Venezuela en el corto y mediano plazo, y por tanto no es de esperarse un regreso masivo de venezolanos a nuestro país.
Expertos en migraciones, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil han pasado en Venezuela de la celebración eufórica a la crítica feroz. El lunes 8 de febrero, el presidente colombiano Iván Duque anunciaba un estatus especial para proteger a la migración venezolana en ese país; dos días después se conocía la inédita deportación de venezolanos desde Chile, un país que tuvo una política de puertas abiertas en los primeros años del gobierno de Piñera.
Es la primera imagen para el imaginario venezolano de la diáspora. Si bien Estados Unidos o Trinidad y Tobago han deportado a emigrantes venezolanos, no hubo imágenes de tales procesos. En cambio, el centenar de venezolanos regresados al país en un avión de la fuerza aérea de Chile ha tenido un impacto bastante negativo, incluso entre la oposición democrática que tuvo en el gobierno de Sebastián Piñera a un gran aliado.
El presidente chileno incluso defendió en foros públicos la acogida masiva de venezolanos, “que huyen de un régimen que les niega las libertades fundamentales”.
“La decisión del gobierno chileno de deportar a un grupo de venezolanos no es cónsona con la conducta asumida por los gobiernos democráticos venezolanos que recibieron a centenares de chilenos que huían de las dictaduras más brutales y que hicieron de nuestro país su segunda patria”, se quejó desde Bogotá Julio Borges, comisionado de política exterior nombrado por Juan Guaidó cuando encabezaba la Asamblea Nacional, e integrante del Grupo de Lima, donde Piñera tuvo un papel protagónico.
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