Uno de los argumentos más poderosos que se presentan para criticar la constitución actual es su ilegitimidad de origen. Resulta inútil negar ese hecho y es poco convincente relativizarlo aludiendo a que ese problema lo tienen también otras constituciones del mundo —y todas las chilenas anteriores a la de 1980. Pero hay un razonamiento que vale la pena articular. Un gran mérito de la sociedad chilena es que pudimos desarrollar una democracia vigorosa y dinámica a partir de una constitución diseñada, precisamente, para obstruirla. Igual que un árbol que crece firme y fuerte en el desierto, nuestra democracia creció y se consolidó pese al origen ilegítimo de la constitución. Es más, porque Chile vive en democracia, los amarres y enclaves autoritarios de la constitución han podido ser eliminados y el país goza hoy —salvo por la violencia que se ha apoderado de muchas calles del país en las últimas semanas— de un estado de derecho democrático.
Es innegable que la Constitución de 1980 carece de legitimidad de origen. Impuesta por la dictadura en 1980, fue diseñada para obstruir el libre ejercicio de la democracia. Después del plebiscito de 1988, un paquete de reformas —ratificado popularmente en 1989— eliminó varios enclaves autoritarios. Ya en democracia, una serie de reformas adicionales —incluido el ambicioso paquete promulgado en 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos— suprimió otros vestigios dictatoriales.
Hay algunos hoy que sorpresivamente alegan que la constitución sigue teniendo resabios autoritarios, pero no logran identificar cuáles son. Irrisoriamente, todavía mencionan al sistema electoral binominal (que fue abolido en las reformas de 2015). Otros, equivocadamente, apuntan a los poderes y atribuciones del Tribunal Constitucional, a los numerosos requisitos de super mayorías, al no reconocimiento de los pueblos indígenas o al rol subsidiario del Estado. Si bien hay buenas razones para argumentar a favor de cambios a esos artículos de la Constitución, es impropio etiquetarlos de antidemocráticos. Muchas constituciones democráticas del mundo tienen requisitos de quórums altos como la chilena, limitan el rol del Estado en la economía o la provisión de servicios, desconocen a los pueblos originarios o tienen tribunales constitucionales excesivamente poderosos. Hay aspectos que son polémicos e incluso, desde mi perspectiva, inconvenientes. Pero uno no puede de buena fe descalificarlos etiquetándolos de antidemocráticos.
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