La incertidumbre sigue siendo el signo característico en Venezuela, mientras que tanto dentro como fuera del país se espera por una transición democrática, que en este momento luce distante.
El ejercicio predictivo en la ciencia política y en el análisis político es asunto riesgoso. A nuestro juicio, un escenario de cambio en Venezuela en este 2017 sólo era posible si se rompía la sinergia entre el gobierno de Maduro y las Fuerzas Armadas. Lamentablemente, para nuestro deseo de cambio democrático, tal cosa no sucedió.
Eso lo escribimos a fines de abril, cuando se cumplía un mes del inicio de la nueva ola de protestas callejeras. Si bien en ese momento la agenda política la marcaba la oposición a través de la Mesa de la Unidad Democrática, no se vislumbraba un quiebre en el poder del madurismo. Transcurrido un cuatrimestre, el régimen sigue controlando las finanzas públicas, las fuerzas armadas y el sistema judicial.
Ante la ola de protestas, Maduro lanzó su Asamblea Constituyente el 1 de mayo y contra todo pronóstico logró imponerla como realidad política en Venezuela, más allá de su carácter inconstitucional y del fraude que le acompañó en las votaciones del 30 de julio.
A fines de julio, en otro artículo, sosteníamos que ese mes sería recordado por al menos por tres imágenes: 1) una cruel y sostenida represión con aval del alto mando militar; 2) la ausencia del más mínimo atisbo de rectificación gubernamental; y 3) el empecinamiento de un Maduro, ya sin duda dictador, de imponer un fraude constituyente.
Maduro asimismo se atrincheró en los magistrados que controla dentro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para validar políticamente sus decisiones, ya que ese tribunal también carece de legitimidad ya que sus magistrados fueron electos contraviniendo lo establecido en la Constitución vigente, aquella que promulgó Hugo Chávez en diciembre de 1999.
Los fallecidos en protestas callejeras, en su gran mayoría víctimas de disparos de los órganos de seguridad, se fueron registrando a cuentagotas. La ola represiva y las muertes políticas fueron asimiladas por el poder dictatorial, no produjeron el quiebre de la dictadura y al contrario estos meses (entre abril y julio) parecen haber estrechado los lazos entre quienes detentan el poder.
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