NUEVA YORK – Una amplia mayoría del 40% de los chilenos que se molestó en salir a votar escogió a muchos independientes y pocos derechistas en el grupo de 155 personas que redactará la nueva Constitución a partir de comienzos de julio de 2021. Con solo 37 escaños en la convención, la coalición derechista Chile Vamos del presidente Sebastián Piñera tendrá poco que decir en una asamblea donde los representantes de los distintos partidos de izquierda y la mayoría de independientes, también de izquierda, harán fuerzas para reformar el modelo neoliberal que está plasmado en la Constitución de 1980, adoptada bajo la dictadura militar.
Si bien Chile se ha desarrollado más rápido que cualquier otro país de América Latina desde el retorno de la democracia en 1990, muchos chilenos culpan a la Constitución por los altos niveles de desigualdad y los abusos a los derechos de los consumidores que existen en el país. Aunque Chile nunca tuvo niveles tan bajos de pobreza y la desigualdad era menor en 2019 antes que en cualquier otro momento de la historia, el origen autoritario de la Constitución la hacía inaceptable para muchos y la convirtió en el chivo expiatorio favorito para los que quieren cambiar el país.
Con la composición abiertamente izquierdista de la convención, la próxima Constitución—que deberá ser ratificada en un plebiscito a realizarse en la segunda mitad de 2022—otorgará un papel más importante al Estado en la economía y ampliará con fuerza el capítulo de derechos de las personas. Después de todo, la nueva Constitución es la respuesta de la elite política a las manifestaciones sociales de octubre de 2019. Como entonces los chilenos demandaban mayores derechos sociales, la nueva Constitución tendrá una larga lista de derechos sociales garantizados. Uno de los derechos más importantes será el de una pensión digna, que probablemente implicará la creación de un sistema público que remplace al sistema privado de cuentas individuales para las pensiones (AFP) implementado también en dictadura.
Como la convención tendrá la facultad de poner derechos garantizados poniéndolos en la nueva Constitución, pero no deberá buscar los recursos para financiarlos, lo más probable es que aumente sustancialmente el gasto público y se generen déficits fiscales permanentes en el país. Aunque ahora están por las nubes los precios del cobre—el principal producto de exportación de Chile—la presión fiscal eventualmente generará problemas de deuda externa.
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