La disputa sobre la constitucionalidad del tercer retiro de los fondos de pensiones que impulsan legisladores de la oposición y del oficialismo deja en evidencia la agonizante condición de la Constitución de 1980. Sabiendo que ésta tiene fecha de muerte, los legisladores ya no tienen nada que frene sus impulsos por lograr ganancias de corto plazo. Aunque el gobierno lleve el proyecto al Tribunal Constitucional, ese órgano estará más preocupado de tratar de evitar ser abolido en el proceso de redacción de la nueva Carta Magna que de defender los preceptos vigentes en una Constitución que ya está desahuciada.
Aunque la presión para impulsar el tercer retiro ya venía al alza, el retraso de la elección para miembros de la convención constitucional le dio valiosas semanas adicionales a sus promotores para lograr su objetivo. Como un político siempre es especialmente susceptible a las demandas de corto plazo de los ciudadanos en temporada electoral, al retrasarse la fecha de la convención y suspender oficialmente la campaña, los legisladores se encontraron con la grata sorpresa de que ellos —por unas cuantas semanas más— vuelven a ser el centro de la atención política en el país. Como además ya habían experimentado la competencia que les hacían los candidatos a la convención constitucional, los legisladores ahora están plenamente conscientes de que, una vez electa la convención, ellos pasarán a la irrelevancia total. Por eso, el Congreso aprovechará esta oportunidad para hacer un último gesto que les permita ganar algo de popularidad a todos aquellos que se suban al carro que impulsa el tercer retiro de los fondos de pensiones.
Como un 80% de los chilenos votó a favor de reemplazar la Constitución, nadie tiene muchas ganas o energía para defender el orden constitucional actual. Es cierto que el gobierno del presidente Piñera anunció que intentaría bloquear un tercer retiro en el Tribunal Constitucional. Pero ni Piñera puede darse el lujo de impulsar una medida tan impopular ni el Tribunal Constitucional se va a atrever a defender una postura que, además, pronto será inutilizada por lo que decida la convención constitucional. Es más, el propio Tribunal Constitucional sabe que es más conveniente para su propio futuro como institución evitar convertirse en el último órgano defensor de una Constitución impopular y deslegitimada. Entre defender una Constitución que ya tiene fecha de entierro y defender su propia existencia en la próxima constitución, el Tribunal Constitucional probablemente optará por refugiarse en el principio de que nadie está obligado a hacer lo imposible. En este caso, lo imposible es intentar frenar la popular demanda a favor de un tercer retiro de 10% de los fondos de pensiones.
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