La construcción de una nueva paz social requiere que primero se restablezca el orden público. Cuando la gente está marchando en las calles, la clase política puede estar sentada negociando acuerdos. Pero cuando en las calles reina la violencia, los saqueos y la destrucción, no están dadas las condiciones para construir una nueva paz social. Porque nadie puede sentarse a conversar en una mesa de negociación cuando hay una alta probabilidad de que saqueen y quemen la mesa, es esencial restablecer el orden público antes de lograr acuerdos políticos permanentes y duraderos.
En las últimas semanas ha quedado claro que no puede haber orden público si no existe un contrato social legítimo que sea aceptado por una amplia mayoría. Lamentablemente, también ha quedado claro que las mayorías expresadas en las urnas no son suficientes para que un gobierno pueda llevar adelante su programa. Por más que éste haya ganado democráticamente una elección con promesas claras y precisas, las masivas marchas callejeras acompañadas de una ola de violencia son capaces de silenciar la voluntad electoral de una mayoría.
Es verdad que los gobiernos no pueden solo basar su legitimidad en sus votantes. También deben demostrar que, durante el curso de su mandato, mantienen niveles sustantivos de aprobación. Por eso, no deben ignorar la voz de la calle, especialmente cuando ésta es secundada por los datos que muestran las encuestas. Pero son innegables las complejas implicancias que tiene para la democracia el hecho que las protestas callejeras —y la violencia que normalmente se produce cuando se acaba la manifestación popular— puedan importar tanto o más que la voluntad popular expresada en las urnas.
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