Recientemente la conocida organización Amnistía Internacional (AI) dio a conocer su informe 2016/2017, en el que hace un recuento sobre la situación de derechos humanos en el mundo. Entre los países de América Latina, Venezuela destacó negativamente. La falta de información oficial, junto a mecanismos de persecución política y la existencia de presos de conciencia le otorgan condiciones de particularidad a la situación venezolana.
El capítulo referido a Venezuela fue presentado en Buenos Aires, el 22 de febrero. El hecho de que se haya escogido la capital de Argentina, para la presentación de la situación venezolana en derechos humanos, por un lado buscaba darle visibilidad regional en términos informativos y al mismo tiempo sirvió para tratar de obtener un compromiso del gobierno de Mauricio Macri. La cobertura que obtuvo esta presentación no fue masiva, pero encontró eco en algunos medios de impacto en sectores influyentes, tal es el caso de Ámbito Financiero.
Desde Buenos Aires, el director ejecutivo de Amnistía Venezuela, Marcos Gómez, llamaba por su parte a Mauricio Macri a ser “un campeón” en la defensa de los derechos humanos dentro de su país, para que ganara influencia y pudiera incidir sobre Venezuela. Según Gómez, la preocupación que ha manifestado en público el presidente argentino sobre el estado de la democracia en Venezuela constituye “una esperanza”.
Cuando se revisa el informe de AI sobre Venezuela resaltan varias preocupaciones. Desde mi punto de vista, el documento mantiene como línea transversal la necesidad de que el Estado venezolano en diferentes ámbitos provea cifras oficiales. La ausencia de estadísticas por parte de los organismos públicos ha sido resarcida parcialmente por el trabajo de documentación que llevan adelante organizaciones no gubernamentales y medios periodísticos, pero en todo caso esta generación alternativa de información no sustituye un problema de fondo que es la falta de data oficial.
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