Todo indica que en los próximos días Uruguay entregará la presidencia pro témpore del Mercosur a Venezuela buscando –según se ha dicho desde el gobierno– hacer pesar lo “jurídico” sobre lo “político”.
El ingreso de Venezuela al Mercosur en 2012 –por la forma en que se dio– adelantaba que difícilmente habría vuelta atrás para que el bloque sudamericano retome algún día su cauce inicial de ser una herramienta que contribuya con el desarrollo de los países que lo integran.
En noviembre de 2006, sin ningún debate de por medio, el parlamento uruguayo fue el primero en aprobar el protocolo de adhesión de Venezuela como miembro pleno del Mercosur. Tiempo después lo hizo Argentina (2007) y Brasil (2009).
En 2012, Paraguay era el único país cuyo parlamento aún no había aprobado la adhesión al Mercosur del país caribeño. Ese mismo año, el parlamento paraguayo le realizó un juicio político al entonces presidente Fernando Lugo. Se lo acusó de responsabilidad política en un enfrentamiento ocurrido entre la policía y campesinos en el departamento de Canindeyú, que terminó con diecisiete muertos. Tras el voto a favor de 115 congresistas de un total de 125, aquel juicio concluyó con la destitución del presidente Lugo. Los denunciantes alegaban que el proceso del juicio se basaba en el artículo 225° de la Constitución paraguaya. Los demás países del Mercosur no estuvieron de acuerdo y decidieron suspender a Paraguay aplicando la cláusula democrática establecida en el Protocolo de Ushuaia de 1998 y revisada en 2011. Se argumentó que el parlamento paraguayo no había cumplido con el debido proceso ya que el presidente Lugo tuvo menos de 24 horas para realizar su defensa.
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