Hay pocos ejercicios más inútiles que aquellos que buscan solucionar problemas que no existen. Varias de las propuestas de reformas institucionales que se han planteado en años recientes en Chile —desde el intento del gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet por promulgar una nueva constitución hasta los repetidos llamados por hacer nuestro sistema político menos presidencialista— se basan en premisas falsas y carecen de evidencia que sustente tanto las bondades de lo que se promete como la evidencia sobre cuáles son los problemas que vendrían a solucionar.
Una evidencia reciente de propuesta de reforma institucional que busca solucionar un problema que no existe es la realizada por el ex ministro de Hacienda de Ricardo Lagos y ministro de Educación, de la Secretaría General de la Presidencia y de Hacienda de Michelle Bachelet, Nicolás Eyzaguirre, en conjunto con los académicos Pamela Figueroa y Tomás Jordán. La serie de propuestas que plantean Eyzaguirre et al. incluye desde el remplazo de la segunda vuelta por una votación realizada en el Congreso para elegir al Presidente de la República hasta la adopción de un sistema electoral mixto —con distritos uninominales y otros de representación proporcional por lista cerrada (se vota por partidos y no por candidatos).
Las razones que dan para justificarla son que “la experiencia de los últimos gobiernos, y del actual, nos muestra que la relación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo está crecientemente trabada y bloqueada” (La Tercera PM, septiembre 27, 2018). Lamentablemente, Eyzaguirre et al. hacen esa aseveración sin mirar datos. Desde 2006 —cuando entraron en vigencia las reformas constitucionales promulgadas por Ricardo Lagos en 2005, que aumentaron el poder del Congreso respecto al Ejecutivo— la tasa de proyectos de ley presentados y de leyes promulgadas se ha mantenido estable. Entre 2006 y 2010 se presentaron 2.619 proyectos de ley —y en los periodos siguientes, 2.334 y 2.277 respectivamente. El número de leyes promulgadas en cada periodo también ha sido similar (345, 337 y 279 respectivamente). La caída observada en 2014-2018 se produjo, por cierto, en el único periodo en que el Ejecutivo tuvo mayoría absoluta en ambas cámaras. Luego, hubo mejores resultados en promulgación de leyes cuando los presidentes no tienen mayoría en el Congreso.
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