UNICEF y el ICTJ acaban de publicar un informe acerca del papel de la educación en los procesos justicia transicional. El sector educativo debe tener presentes los hallazgos de ésta.
Mientras se debate la presencia o no de petróleo en costas uruguayas, un problema más urgente como el de la educación aguarda soluciones.
Colocada entre la espada y la pared de seguir repitiendo la promesa de la gratuidad o reconocer que hizo una promesa irrealizable, la Presidenta Bachelet ha optado por negar la realidad. En cambio, ha decidido seguir asegurando que la gratuidad llegó para quedarse y que es cosa de tiempo antes de que llegue a ser universal.
Es verdad que la educación es mucho más que un bien de consumo, pero entenderla como tal solo ayudará a clarificar posiciones y permitirá avanzar hacia el objetivo ampliamente compartido de que Chile debiera tener una educación de calidad mundial al costo más bajo posible—idealmente gratuita—para todos los estudiantes y al menor costo para el erario fiscal.
Como pasajeros a la espera de un bus del Transantiago que nunca se sabe cuándo llegará, los estudiantes no saben si podrán acceder a la gratuidad porque no ha sido definido cuál será la línea de corte y porque no está claro qué instituciones podrán acceder al beneficio.
Veinte meses después de iniciado el mandato, el gobierno no sabe de cuántos recursos dispondrá para financiar su promesa de gratuidad y, en consecuencia, tampoco sabe cuántos alumnos se podrán beneficiar ni cómo se implementará el nuevo sistema de gratuidad universal en la educación superior chilena.
