El malestar del gobierno argentino con el poder judicial no es novedad. Desde 2013, cuando impulsó un paquete de leyes con el supuesto objetivo de “democratizar la justicia”, la relación entre el poder ejecutivo y los jueces se ha tensado de manera incesante.
Recientemente, la vacante generada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la renuncia de Eugenio Zaffaroni—el juez más cercano ideológicamente al gobierno—fue motivo de otra polémica. Al no conseguir la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner el apoyo necesario en el Senado para ratificar a su reemplazante (un abogado de tan solo 33 años y con escasa experiencia profesional), el gobierno amenazó con ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema para así tener su propia mayoría o al menos licuar el poder de los actuales jueces de dicho tribunal. Sin embargo, la idea ha sido momentáneamente desechada, aunque el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández pareció dejar la puerta entreabierta al señalar que modificar la composición de la Corte Suprema es un derecho comprendido en la Constitución Nacional.
En ese contexto, diputados del Frente para la Victoria impulsaron la conformación de una comisión especial para evaluar el estado psicofísico del juez Carlos Fayt. De 97 años, Fayt no ha sido afín a las posiciones y expectativas del gobierno en el terreno judicial. Por tal razón, la iniciativa del oficialismo fue percibida mayoritariamente como una abierta forma de presión para que Fayt abandone su cargo, y así se genere una nueva vacante en el máximo tribunal del país, lo cual le permitiría al gobierno negociar desde una posición más sólida con la oposición.
Este episodio, entre otros, fue motivo de una presentación ante la Relatoría Especial para Independencia Judicial del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas donde se solicita a la brasileña Gabriela Knaul, titular de la Relatoría, dé seguimiento a la situación y realice una visita in situ al país. Además, la presentación, realizada por el Laboratorio de Políticas Públicas, cuestiona, entre otros, los ataques a al juez Fayt y se advierta acerca de la parálisis del Consejo de la Magistratura, la proliferación de vacantes en la justicia nacional y federal, las demoras en la investigación del ex Fiscal Alberto Nisman, la protección a magistrados denunciados por corrupción, y los abusos en la designación de jueces transitorios.
Al mismo tiempo, la parálisis del Consejo de la Magistratura de la Nación—encargado bajo la Constitución de seleccionar jueces y de aplicar sanciones disciplinarias—ha generado un severo problema de vacantes. Debido a la inacción del Consejo, han proliferado los juzgados vacantes y consecuentemente los jueces suplentes. Según un estudio reciente, uno de cada cinco jueces no ha sido designado de acuerdo al procedimiento constitucional. En dicho contexto, el Congreso aprobó un nuevo régimen legal para designar a los jueces suplentes (conocidos como jueces subrogantes), el cual recibió críticas de diversos sectores por no centrarse en la solución del problema de fondo (las excesivas vacantes) sino en fortalecer las prácticas que permiten la manipulación de los nombramientos transitorios.
Esta es una de las preocupaciones centrales de la recientemente creada Coalición por la Independencia Judicial, un espacio integrado por las organizaciones más prestigiosas de la sociedad civil relacionadas con la justicia, que ha realizado un llamado para fortalecer la independencia de las instituciones judiciales. La Coalición intenta llamar la atención de los presidenciables acerca de las reformas necesarias para mejorar la independencia y la transparencia de la justicia, y al mismo tiempo convertirse en un espacio alternativo, ajeno a la polarización que domina la relación entre el gobierno y algunos sectores como la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
Un excelente ejemplo del caos reinante en materia de suplencias ocurrió esta semana cuando el Consejo de la Magistratura, controlado por una mayoría afín al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, decidió remover a un juez suplente de la Cámara de Casación Penal. Se trata de Luis María Cabral, quien fue desplazado de su cargo ya que se esperaba que próximamente votara por la “inconstitucionalidad” del memorándum de entendimiento con Irán, un tema que ha generado enormes controversias políticas. Dicho memorándum está estrechamente ligado con la muerte del ex fiscal Alberto Nisman, quien acusó a la Presidenta de la Nación de utilizar dicho instrumento con fines ilícitos.
Si bien la designación de Cabral como juez suplente había sido cuestionada por no ajustarse al procedimiento legal, su reemplazo no parece estar destinado a subsanar el supuesto error procesal en su designación sino a proteger a la Presidenta de la Nación mediante otro juez suplente pero afín al oficialismo. Así, el fenómeno de las vacantes judiciales masivas debilita la independencia judicial, ya que permite la manipulación de las designaciones según las necesidades políticas coyunturales.
De cara a las elecciones presidenciales, el conflicto entre el gobierno y la justicia debería entrar en un compás de espera, sin embargo la tensión parece no cesar. El reemplazo del juez Cabral se ha convertido en otro eje de conflicto entre el poder ejecutivo y la oposición. Esta última, junto a sectores de la justicia, anunció recientemente la convocatoria a una marcha pública frente al Palacio de Justicia para el martes siete de julio en defensa de Cabral y de la independencia de las instituciones judiciales. Esta sería la segunda marcha convocada desde la justicia este año; la primera fue en febrero en memoria del ex fiscal Alberto Nisman y tuvo una asistencia masiva.
El sistema de designación de jueces está en crisis, y el Consejo de la Magistratura es la pieza clave de un complejo entramado institucional que necesita ser reformado de manera urgente. Esta debería ser una de las prioridades del próximo gobierno, cualquier sea su color político.
