Olvidando su condición de Presidenta de la República, en su semana final en el poder Michelle Bachelet ha actuado como una colegiala malcriada que hace maldades y las justifica diciendo que en el “último día, nadie se enoja”. La torpe decisión de enviar un proyecto de ley con una nueva Constitución al Congreso, esperando que se tramite a partir del 11 de marzo, cuando las prioridades legislativas serán prerrogativa del próximo gobierno —de acuerdo a la Constitución en vigencia e incluso de acuerdo al texto que ella misma envió—, refleja que Bachelet renunció a gobernar de manera responsable hasta el último día. En cambio, se dedicó en la semana de cierre de su gobierno a darse todos los gustitos que se dan los alumnos cuando juegan a que las instituciones y reglas ya no rigen, y a que se puede hacer cualquier cosa porque el último día, nadie se enoja.
La decisión de Bachelet de abandonar las formas básicas de lo que significa ocupar el cargo de Presidente de la República ha quedado evidencia en repetidas ocasiones en los últimos días. En la entrevista que concedió a Don Francisco en Canal 13 el martes, la Presidenta volvió a sorprender a la audiencia al responder a la pregunta de si cumpliría su compromiso de cerrar el penal de Punta Peuco, donde cumplen sentencia decenas de condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Aparentemente olvidando que, en una entrevista con el propio Don Francisco en mayo de 2015, ella misma había sorpresivamente anunciado un cambio de gabinete, la Presidenta aseguró que no anunciaba sus decisiones por la prensa, sino que, presumiblemente, las tomaba y sólo las informaba a la prensa. Como era obvio, inmediatamente se le recordó el comentado momento en que ella anunció que, en 48 horas, realizaría un cambio de gabinete. Pero la actitud de Bachelet, después de que se le recordara que ella sí anunciaba sus decisiones por la prensa antes de tomarlas, reflejó que, a una semana de dejar el poder, le daba lo mismo contradecirse con sus dichos o actos anteriores.
La pérdida de pudor respecto a sus decisiones como Presidenta quedó en evidencia con la decisión de su gobierno de nombrar como notario al fiscal que inicialmente llevó la causa del caso Caval contra la nuera y el hijo de Bachelet. Nombrar como notario a una persona que tuvo un papel tan protagónico en la principal investigación por tráfico de influencias que afectó a un miembro de una familia presidencial desde el retorno de la democracia refleja la poca consideración por las formas y el fondo de lo que significa gobernar democráticamente. Ya que el nombramiento depende del ministro de Justicia, un funcionario de confianza de la Presidenta, es una pésima señal otorgar un premio de por vida al hombre que estuvo a cargo de la investigación y que, por cierto, optó por ser bastante menos proactivo de lo que parecía razonable —dada la importancia que representaba para la fiscalía demostrar que todos los chilenos son iguales ante la ley y que, ser pariente del presidente de la república no otorga privilegios especiales—.
Lamentablemente, si bien pudiera ser comprensible que los Presidentes se den gustitos al terminar sus períodos, cuando sus actitudes demuestran falta de respeto a las instituciones, ignoran las tradiciones republicanas y constituyen favores indebidos a aliados políticos o aparentes premios a personas que ayudaron personalmente al gobernante o sus familiares, los gustitos presidenciales debilitan la institucionalidad democrática que los mandatarios se comprometieron a defender.
Hace ocho años, cuando se preparaba para dejar el gobierno por primera vez, la Presidenta Bachelet estuvo inubicable en las primeras horas después del devastador terremoto del 27 de febrero de 2010. La respuesta de su gobierno fue insuficiente y tardía. Daba la impresión de que todo el mundo andaba de vacaciones y que, los que seguían en sus cargos, habían tirado la toalla y sólo esperaban que pasaran los días para entregarle el poder a la derecha.
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