La polémica que ha generado el proyecto de ley anti-filtraciones aprobado en el Senado y que ahora será discutido en la Cámara pone en tela de juicio la independencia y autonomía de nuestro sistema penal. Mientras los defensores de la medida argumentan que castigar a los fiscales que filtren información protegerá el derecho a presunción de inocencia de los imputados, sus detractores califican a las filtraciones como herramienta útil para evitar las presiones políticas sobre fiscales que realizan investigaciones que involucran a políticos u otras personas influyentes. Ambos bandos reconocen tácitamente que en Chile la justicia no es ciega. Además, los que abogan por castigar a fiscales filtradores —y potencialmente a periodistas que publiquen el material reservado de una investigación— parecieran querer restringir la libertad de prensa y el acceso a la información, mientras que los que defienden el efecto positivo de las filtraciones parecen reconocer tácitamente que el Ministerio Público carece de la autonomía necesaria para llevar a cabo su trabajo.
Si quiere leer mas, puede visitar El Libero.
