Esta semana, la Organización de Estados Americanos (OEA) debatirá un informe acerca de la crisis económica, política y humanitaria de Venezuela producido por Luis Almagro, Secretario General de dicho organismo, para definir si ha habido o no una alteración en el orden constitucional de dicho país. Mediante este informe, Almagro argumenta la importancia que tiene la activación de la Carta Democrática Interamericana para Venezuela. Por otra parte, el ex-presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, presentó esta semana ante la OEA un informe sobre las perspectivas de diálogo entre el oficialismo y la oposición. Mediación de la que también participan los ex presidentes Leonel Fernández, de República Dominicana, y Martín Torrijos, de Panamá.
Más allá de cuáles sean los resultados de las reuniones de esta semana, la luz que surge al final del camino es que Maduro estaría cada vez más presionado para realizar el referéndum revocatorio este año.
Un modelo fracasado
Nicolás Maduro fue electo democráticamente por la mayoría del pueblo venezolano el 14 de abril de 2013. Tras una elección muy debatida, ganó con el 50,61 por ciento de los votos contra 49,12 por ciento de Henrique Capriles, candidato opositor por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
El origen de la grave crisis que vive el país es que el gobierno ha creído nuevamente en un modelo fracasado. Venezuela, un país con las reservas de petróleo más grandes del planeta, tiene hoy en día una inflación del 700 por ciento, un déficit fiscal del 17 por ciento, y una deuda externa de $130 mil millones de dólares, que equivale a seis años de exportaciones de petróleo. Esto se traduce en graves consecuencias sociales: el 85 por ciento de las personas que ingresan a los hospitales está malnutrida; la pobreza alcanza al 76 por ciento de la población, y la tasa de homicidios oscila entre 75 y 90 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según afirma en su informe, Luis Almagro. Por su parte, el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera denunció semana atrás el 95 por ciento de los medicamentos no está disponible en los hospitales.
Como si todo esto fuera poco, una de las recetas del modelo del socialismo del siglo XXI es ahogar a las instituciones democráticas. Por la simple razón de que no cree en ellas. Por ejemplo, si bien Maduro aceptó la derrota de las elecciones parlamentarias del pasado mes de diciembre, a las pocas semanas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de clara afiliación chavista, inhabilitó a la nueva Asamblea Nacional de poder cumplir con algunas de sus funciones como contralor de otros poderes más allá del poder ejecutivo. Ya había sucedido algo similar algunos años atrás cuando el chavismo perdió la alcaldía mayor de Caracas y el entonces presidente Hugo Chávez decidió limitar tanto las funciones como el presupuesto del Alcalde Antonio Ledezma, a quien el pueblo había elegido democráticamente.
La Carta Democrática Interamericana
La posición del Secretario General de la OEA ha sido una fuerte señal en el marco de un sostenido silencio regional al respecto de la situación en Venezuela. Si bien la invocación a la Carta Democrática por parte de Almagro ha generado un renovado debate acerca de Venezuela, el Secretario General no representa, lamentablemente, una mirada unificada del conjunto de países que componen la OEA. Son muchos los que aún siguen prefiriendo guardar silencio. De hecho, ningún país – con excepción de Estados Unidos – ha denunciado fuerte y claro lo que el pueblo venezolano padece.
Está claro que la Carta Democrática por sí sola no solucionará la grave situación de Venezuela. En caso de aprobarse que hubo una alteración del orden constitucional, la OEA podría poner en marcha gestiones diplomáticas para promover la normalización de la institucionalidad democrática en el país. Como máximo, Venezuela podría llegar a ser suspendida de la OEA si el tema fuese tratado por la Asamblea General (y se consiguiesen dos tercios de los votos), pero, para los límites institucionales a los que ha llegado Maduro, esto no resultaría ser un problema mayor. No obstante, una potencial expulsión dejaría un precedente histórico para su gobierno y el país, igualándolo con el Perú de Alberto Fujimori o la Guatemala de Jorge Serrano Elías o el Honduras de Roberto Micheletti así como también podría llegar a limitar la cooperación internacional que recibe hoy Venezuela.
Quizás lo más importante es que, si la región acepta que hubo una alteración del orden constitucional y que se alteró la democracia, quedará asentado en algún rincón de la historia que los países de la región no fueron testigos silenciosos sino denunciantes de la crisis que hoy vive Venezuela. En este caso, es esperable que Maduro se victimice y utilice la expulsión de la OEA como una excusa más para justificar la crisis alimentaria. Pero eso no debe amedrentar a nadie.
Dicho esto, el escenario más probable es que el pedido de Almagro no se apruebe. En este caso, quedará asentado un precedente regional que podría llegar a tener repercusiones el día de mañana. ¿Acaso se imaginan cuántos gobiernos en el futuro se podrían refugiar diciendo que, si a Venezuela no se le aplicó la Carta hoy, por qué a ellos sí se les debería aplicar?
Referéndum revocatorio
Una de las pocas salidas inmediatas que le queda al país petrolero es la aplicación del referéndum revocatorio establecido en la constitución venezolana, que el mismo Hugo Chávez utilizó en 2007, cuando pretendió modificar 69 artículos de la Constitución. En un discurso de 2004, Chávez incluso afirmó sentirse “uno de los sembradores [del referéndum revocatorio] para darle forma a un nuevo modelo democrático en Venezuela,” afirmando que el referéndum es una herramienta para que el pueblo elija libremente si quiere o no la continuidad de un determinado gobierno.
Pero si bien Chávez supo ser un defensor del referéndum, el gobierno de Maduro está explorando todas las opciones posibles para retrasar su llamado hasta el próximo año. Es por esto que, aunque la oposición ya consiguió el triple de las firmas requeridas para convocarlo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), parece estar haciendo malabares para impedir que el referéndum se realice este año. De extenderse al año próximo, Maduro se saldría con la suya, ya que lograría evitar las elecciones anticipadas. Al momento se anularon más de 600.000 firmas, entre las cuales está la del opositor Henrique Capriles.
Con su llamado a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, Almagro ha vuelto a poner sobre la mesa la deteriorada situación de las instituciones democráticas en Venezuela. Más allá de cómo resulte la votación, esperamos que se ejerza suficiente presión sobre el régimen de Maduro para que lleve a cabo el referéndum revocatorio en tiempo y forma. Los venezolanos hoy no solo buscan que sus ideas puedan ser escuchadas, sino también que los medicamentos lleguen a los hospitales y los alimentos a los supermercados. Los cambios que se necesitan ya no son solo por razones políticas y económicas sino más bien humanitarias.
Cada venezolano –más allá de que haya votado antes al chavismo o a la oposición– tiene todo el derecho a expresarse en las urnas nuevamente y decir: ¡Yo así no quiero vivir, necesito un cambio!
